Se trata de Luis Virgilio Sánchez, abogado de comunidades indígenas. Ingresó por concurso público al organismo antes denominado AFIP, hace 10 años. Nunca recibió quejas por su gestión.
El Gobierno Nacional desplazó de la jefatura de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Esquel (ARCA, antes AFIP) a Luis Virgilio Sánchez, un abogado con funciones desde 2021 y diez años de trayectoria en el organismo al que ingresó por concurso público. La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 26 de febrero, no detalla los motivos de la cesantía, aunque tampoco debiera hacerlo si de un caso de persecución política se trata, porque eso está prohibido en las leyes que rigen la administración pública.
La decisión adoptada por Facundo Rocha, director de Recursos Humanos del ARCA, a pedido de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, se firmó 20 días luego de que Sánchez publicara en el Diario Río Negro una columna de opinión con críticas al presidente Milei sobre la gestión económica y la “batalla cultural”.
Sánchez se jacta de no haber recibido nunca una queja por su gestión al frente del ARCA. Pero es llamativo: nadie le avisó que sería desplazado, lo que desata una serie de conjeturas sobre cuál es la verdadera razón del Gobierno para arrebatarle el cargo.
Además de su trabajo en el Estado, Sánchez asesora gratuitamente a comunidades indígenas de la Patagonia. El año pasado ganó el juicio a Emanuel Ginóbili, que había acusado de usurpación a siete integrantes de la comunidad Paicil Antriao de Villa La Angostura. También impulsó la querella contra los policías señalados de matar en esa misma localidad a Robinson Gatica en un operativo policial en 2022. Y logró mantener abierta la causa por la desaparición de Sergio Ávalos en Neuquén en 2003. “Se enfrenta a los poderosos”, dice la Gremial de Abogados, organización de la que es vicepresidente y que salió en su defensa con un comunicado.
Sánchez habita una vivienda institucional destinada a las jefaturas. Cuando llegó a Esquel en plena pandemia desde Neuquén, podría haber aceptado un plus por desarraigo, pero la oferta inmobiliaria es tan escasa que prefirió renunciar a ese beneficio. La resolución del Gobierno podría obligar a sus dos hijas de 14 años, su esposa y a él a abandonar la casa. Y todo podría empeorar si las autoridades deciden no habilitarle el pase a Neuquén. Lo confirmó Santiago Caputo días atrás: la maquinaria estatal está para ser arrojada por la cabeza a cualquiera.
Mientras evalúan recurrir a la Justicia, los Sánchez eligieron permanecer en la ciudad de la provincia de Chubut hasta fin de año.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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