Después de ocho años, en un invierno que empezó antes de tiempo, Viviana ya no tiene que cargar la garrafa por diez cuadras en el carrito de compras. Viviana ahora tiene gas en su casa. Gracias a las obras de integración socio urbanas.
Financiadas con el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, el barrio Nahuel Hue, entre muchos otros de todo el país, tiene acceso a este servicio esencial. Conversamos con Viviana Rosas, vecina del barrio Nahuel Hue y con Fernanda Miño -ex funcionaria de la Secretaría de Integración Socio Urbana-.
Viviana vive en la parte de atrás del terreno de su hijo mayor en Nahuel Hue. Ella está acostumbrada a la leña, le gusta el calor seco del fuego, no se va para arriba y calienta bien las habitaciones y la cocina, pero la leña está demasiado cara. La garrafa de gas cuesta en el almacén de Nelly, 25.000 pesos, en el de La Tía Loca, 27.000 y 18.000 en la planta de gas. Antes Viviana caminaba diez cuadras hasta la ruta 40 para conseguir el mejor precio. Ahora solo basta con rotar la perilla para prender la hornalla. Un pequeño giro que le cambió la vida.
“Aunque hoy se pague mucho más de gas porque supuestamente va a subir al ciento, no sé cuánto por ciento, igual es más barato que tener que estar comprando garrafas o leña. Un metro de leña está costando 35.000 y te dura una semana como mucho. Hay familias que se calefaccionan con gas, tenés que comprar tres garrafas por semana para poder calefaccionar la casa. Se te va el presupuesto entre la leña y la garrafa. Acá en el barrio en invierno tenés el plan calor. El año pasado empezó a partir de mayo y nos daban una garrafa por semana. Este año empezó recién en junio y nos dan una garrafa cada 15 días y dos metros de leña por año”.
En 2016 las organizaciones sociales nucleadas en UTEP, TECHO, y Cáritas relevaron por primera vez las villas y asentamientos de todo el país. Hasta ese momento no existían datos públicos sobre los 4.416 barrios populares y las tres millones de personas que habitan en ellos. Un año después se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con el propósito de relevar los asentamientos populares con una periodicidad de dos meses y con la facultad de entregar certificados de vivienda familiar que permite solicitar la conexión de los servicios básicos.
En 2018 se aprobó la ley 27453 de Integración Socio Urbana, impulsada por dichas organizaciones sociales, para los barrios inscriptos en el ReNaBaP, con el fin de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas en los barrios populares. En el texto de la ley se define la integración urbana “al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial”.
Fernanda Miño, ex secretaria de Integración Socio Urbana, explica que esta ley da cuenta de un cambio de paradigma para revertir la pobreza. “El concepto de Integración urbana implica acercar todos los servicios a los barrios para que las familias más pobres de la Argentina tengan una vida digna. Lo inédito de esta ley es que habilita a actuar desde el Estado sobre tierras no fiscales que son donde se asientan el 90 por ciento de los barrios. Hasta ese momento se pensaba solamente en hacer complejos habitacionales, es decir erradicar a las familias de sus hogares y llevarlas a estos espacios. Ahora los terrenos donde están los barrios populares están sujetos a expropiación y los vecinos no pueden ser desalojados, es decir que el Estado se pone como garante de comprar ese terreno cuando esté regularizado y negocia con el dueño un precio y después se los da a los habitantes. Otra novedad es que el 25 por ciento de las obras se llevan a cabo por cooperativas de la economía popular, creando un círculo virtuoso entre el mejoramiento del barrio y la posibilidad de generar trabajo”.
Cuando la demanda de servicios es mayor a la relevada, se realizan sorteos hasta poder conseguir el resto de los artefactos para la instalación del gas. El hijo mayor de Viviana tuvo la suerte de ganar una cocina, un calefactor y la instalación domiciliaria a costo cero. Luego ayudó a su madre con la compra de los caños para que ella también pudiera tener gas y Viviana compró el calefactor. “Podés tener el medidor en tu casa –dice Viviana– pero de ahí a llevarlo adentro es otra historia. Cada caño cuesta alrededor de 150.000 pesos y las conexiones de gas están a ciento y pico cada boca. Muchos se calefaccionan con las hornallas y eso es muy peligroso. Acá al monóxido de carbono lo llamamos el asesino silencioso”.
Desde octubre de 2018 hasta 2023 en el monitor de obras de integración socio urbana se registran para Bariloche 275 conexiones de agua, 964 conexiones eléctricas, 335 conexiones de gas. Lamentablemente, en febrero de 2024, la administración de Milei recortó los fondos para la integración socio urbana al reducir del 9 por ciento que le correspondía del impuesto PAIS al 1 por ciento. “Esta ley vino a englobar muchos años de lucha –dice Fernanda Miño-. Creo que fue un acierto no solamente luchar desde las bases, sino también generar los consensos políticos para que se haga efectiva. Nosotros habíamos dejado 100.000 millones de pesos en el fideicomiso para finalizar las obras que estaban en camino. Ahora muchas están paradas o funcionan con personal reducido. En algunos casos el municipio se hizo cargo de continuar con las obras en marcha, pero no son muchos porque el gobierno ha recortado el dinero que venía de Nación a las provincias”.
Viviana trabaja en la unidad productiva Waykuna junto a su compañera Xoana y 3 compañeras más. Waykuna significa “cocinando en unidad” en lengua quechua. Elaboran viandas en el Centro Barrial el Semillero del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), para el nodo de compras comunitarias Al Margen y CoopAte y realizan también caterings para eventos sociales. Con el programa Banco de Herramientas pudieron conseguir la heladera y el freezer donde guardan la comida. A su esposo le compran las tapas para las empanadas de verduras, carne y humita. “Con esto de que aumentan todo, tenemos que caminar por todos lados para conseguir buenos precios. Nos vamos hasta pasando el Ñireco al frigorífico que queda re lejos. Para todo lo que es verdura que tiene que ver con los canelones, y las empanadas buscamos una verdulería económica porque no es que producimos grandes cantidades, no nos hacen precio por cantidad”.
Viviana sueña con tener un terreno propio con jardín, retomar la tecnicatura en viveros y plantar árboles frutales. Además de que Waykuna crezca y pueda llegar a más personas. Está anotada en el programa de acceso a lotes con servicios para sectores populares desde hace varios años. Mientras tanto, en verano planta una pequeña hilera de girasoles detrás de su casa, girasoles amarillos, rojos y naranjas que llenan de colores esta parte del barrio hoy tapado de nubes bajas.
Por Verónica Battaglia
Fotos: Marcelo Martínez
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
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