Disparar aunque cueste una vida

Un vecino de 62 años con problemas psiquiátricos fue asesinado en su casa de Lago Puelo, Chubut, por la Policía en un supuesto enfrentamiento a tiros. Versiones oficiales para tapar la violencia, blindaje mediático y múltiples sospechas sobre el accionar represivo en la provincia.

El GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) mató de un tiro en la cabeza a una persona mayor que padecía problemas psiquiátricos. Ocurrió en el paraje Las Golondrinas, en la Comarca andina, el jueves por la mañana. Según justificó el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, al llegar el GEOP “se encuentra con una persona que abre fuego contra ellos y no quedó otra alternativa que neutralizar esta amenaza para los efectivos y para terceros. Luego sostuvo: “Es lamentable el final pero por suerte no tenemos ningún herido”. Pero a familiares y vecinos, la versión oficial les generó dudas y reclaman que el hecho sea investigado a nivel nacional. 

El miércoles pasado, la Policía de El Hoyo recibió una denuncia sobre una persona que desde su chacra efectuaba disparos al aire y en dirección a viviendas vecinas, con riesgo para sus habitantes. Al hacerse presente la Policía y constatar los disparos, decidieron replegarse y efectuar la presentación correspondiente en la Justicia. El fiscal Carlos Díaz Mayer ordenó el allanamiento efectuado por el GEOP, que cerca de las 10:30 del jueves irrumpió en la propiedad y, presuntamente luego de un tiroteo, mató a Martín Alejandro «Tino» John.

Tino, de 62 años, integrante de una familia conocida y querida por muchos en la Comarca, padecía de problemas de salud mental. Su familia, que lo acompañaba en su tratamiento, niega haber sido notificada del procedimiento policial. “A mi papá lo asesinaron –denuncia su hija–. Estamos esperando que nos presenten las pruebas y filmaciones del GEOP y esperamos que se investigue. El operativo en todo momento fue irregular. Pero vamos a esperar a acceder a la información para saber qué pasó”

A su vez circuló un mensaje de Claudia, la pareja de la víctima, publicado en un grupo de vecinxs: Hoy asesinaron al amor de mi vida. Y voy a tener fuerza solo para investigar cómo 25 personas del GEOP entraron a mi casa, mataron a Tino de un tiro en la cabeza y me ataron a mí durante una hora sin decirme qué había pasado con él. Recién cuando vino la fiscal (Barrionuevo) me desataron y mostraron la orden de allanamiento. Acabo de venir del hospital de Puelo para que constaten mis lesiones en las muñecas”.

La doctrina Massoni

Este hecho se añade a la lista de antecedentes de violencia institucional que caracterizan a las fuerzas de seguridad del ministro Massoni, entre las que se cuentan detenciones ilegales, persecuciones a activistas y hostigamiento a la población civil. Varias de estas irregularidades confluyeron en el pedido de juicio político al ministro intocable del gobernador Mariano Arcioni, que la Legislatura provincial ha decidido no tratar. 

Además, pesa el antecedente del CELS y la APDH, quienes señalaron a Chubut por mantener vigentes protocolos de uso de armas de fuego que “promueven la violencia y ponen en riesgo a la sociedad toda, también a las fuerzas de seguridad. El espíritu de estos protocolos fueron copiados de proyectos de Patricia Bullrich cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, en el Gobierno de Macri.

Este señalamiento también fue expresado en un comunicado firmado por la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut: “El protocolo de Massoni para el uso de armas de fuego en Chubut es una apología de asesinatos. Allí señalaban: “La Resolución N° 145/2020, publicada en el Boletín Oficial Provincial (N° 13530 AÑO LXIII, del 11 de noviembre de 2020, bajo la denominación de ‘Protocolo para la utilización de las armas de fuego en situaciones complejas con armas blancas’) alarma y preocupa pues a simple vista supone la habilitación para matar solo por presunción”.

La denuncia también expresaba: “En su Anexo hay una serie de artículos inconstitucionales, pero en particular el Artículo N° 6 y varios de sus incisos representan un riesgo de muerte para la población. Por mencionar solo dos: ‘Artículo 6 Inc. b) cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se compruebe que se trataba de un símil de arma letal’; ‘Artículo 6 Inc.  c) cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal’”.

A criterio de la Comisión, el protocolo “pone en manos del efectivo policial la responsabilidad del uso de la fuerza y de las armas basados en su mera subjetividad” y “corrompe absolutamente los principios de proporcionalidad, legalidad y progresividad en el uso de la fuerza”. 

 Alguien miente, alguien oculta

A poco de tomar estado público el caso, representantes de los municipios de Lago Puelo y el Hoyo hicieron hincapié en la existencia de “dudas muy graves sobre estos hechos”, a la vez que reclamaron que “es urgente y necesario que se brinde información oficial a la familia y a la comunidad”.

A su vez, lxs vecinxs del paraje rural circularon un comunicado en el que exigieron “la inmediata investigación del hecho y la explicación clara”. Allí dicen: “Nuestra zona se ha visto atravesada por una catástrofe y entendemos que ninguno de los vecinos estamos reparados aún, y -sin justificar ningún acto violento- entendemos que de ninguna manera la intervención puede ser la de exterminar a un vecino”. Y reclaman una investigación nacional “sin vicios”.

No es un detalle que los medios tradicionales hayan repetido sin tapujos la información que les llegaba de la Policía. Así, utilizaron la palabra “abatieron” para decir que oficiales del GEOP habían asesinado a este vecino, un término que recuerda a los eufemismos que utilizaba la prensa adicta sobre asesinatos cometidos en la última dictadura militar. 

La fiscal Débora Barrionuevo ordenó a la Policía Científica que lleve a cabo diversas pericias, a fin de determinar si no hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte del GEOP durante el operativo de allanamiento dispuesto por la Justicia. El viernes pasado, integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) realizaron una presentación judicial por el accionar de este grupo policial. El pedido tiene como objeto el resguardo de la prueba por parte de los responsables de la investigación y, además, que dicha investigación, al igual que la autopsia, sea llevada adelante por una fuerza ajena a la Policía de la Provincia de Chubut.

En la mañana del lunes hubo una concentración frente a la Fiscalía del El Hoyo para “reclamar justicia por Tino” y “exigir juicio y castigo a los asesinos”. Pese a las justificaciones oficiales y la cobertura mediática, en la Comarca tienen firme una sospecha: “Fue un homicidio”.

Por Goia Claro Y Fabricio Cardelli (Revista Cítrica)

Redacción

Foto: Euge Neme

Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen

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