La tarjeta Alimentar no es justicia social

El viernes pasado y a consecuencia de la segunda ola de Covid en nuestro país, Alberto Fernández anunció incrementos para el programa «Alimentar» para 1 millón de personas más alcanzando un universo de 2, 5 millones de personas en estado de vulneravilidad. El referente de los movimientos sociales Juan Grabois analiza en esta nota de opinión, porque esta ayuda es errática y no va al fondo del problema social de la Argentina.

El programa alimentar termina «alimentando» a las multinacionales de la alimentación.

Nadie puede estar en contra de los anuncios sociales del viernes. Teniendo en cuenta la situación dramática que vive nuestro pueblo, con niveles de pobreza y desigualdad catastróficos, que más familias tengan una tarjeta para comprar alimentos es algo. Un consuelo frente a tanta malaria, sobre todo para los que venimos reclamando un shock de inversión social frente a los que se inclinan ante la ortodoxia que exige el dios mercado.

Viendo, además, como Colombia se desangra ante un gobierno que masacra a su pueblo y pretende aplicar un impuesto sobre los alimentos a los hambreados, no podemos desconocer la sensibilidad del gobierno argentino y agradecer que no tenemos en nuestra patria un Iván Duque (léase Mauricio Macri) como Presidente.

Pero vemos con tristeza cómo nuestro gobierno comete errores permanentes por una incomprensible ceguera. Sentimos la obligación de poner en debate la decisión de profundizar el camino iniciado con la Tarjeta Alimentar.

Empecemos por lo bueno. Finalmente, el gabinete económico definió romper el chanchito que parecía reservado exclusivamente para Kristalina Georgieva, mientras en la Argentina crece la pobreza y la desigualdad. Bien. Gran decisión. El problema es que se decidió aplicar los recursos a una política que solo puedo calificar con una palabra. Es una política estúpida. 

Digo estúpida porque no hay mala intención. La decisión está guiada por sentimientos nobles, pero carga un enorme desconocimiento de la realidad, un temor reverencial a los formadores de opinión, una confianza infantil en los formadores de precios, una enorme desvalorización de los trabajadores, una enorme sobrevaloración de los tecnócratas y una adicción inocultable a los focus groups.

Nadie tiene la receta para resolver las injusticias sociales que padece la Argentina, pero hay algo seguro: masificar el asistencialismo no es el camino. La Tarjeta Alimentar es eso. Es también la reproducción aggionarada de los programas de trasferencia condicionada de ingresos del menemismo. Es una política “focalizadas” de cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puesto de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral.

Es absolutamente cierto que la Tarjeta Alimentar ayuda a dos millones de familias a comprar alimentos, pero paradójicamente no es una política alimentaria sino una política insuficiente e inconsistente de transferencia condicionada de ingresos para familias pobres. ¿Entonces por qué le ponen ese nombre? Es que los genios de la comunicación política y los focus groups entienden que está blindada de acusaciones de populismo, clientelismo y otros ismos por el aura benéfica de la caritativa lucha contra el hambre y las personalidades de la farándula que la bendicen.

Sin embargo, es una política que paradójicamente no funciona para combatir las situaciones más graves de malnutrición infantil que afectan a una importante cantidad de niños argentinos que habitan en contextos rurales o en familias completamente rotas. Tampoco alcanza a los grupos más vulnerados como los pueblos originarios, las comunidades campesinas y las personas en situación de calle. En la región del chaco salteño, donde se nos mueren literalmente los pibes por enfermedades asociadas a la malnutrición, no hay PosNET, sólo desmonte y contaminación. 

La Tarjeta Alimentar es un ejemplo de asistencialismo puro. No podemos hablar de una ampliación de derechos porque esta prestación no forma parte del sistema nacional de Seguridad Social como la Asignación Universal por Hijo. Tampoco de una política de Estado, ya que no está consagrada en una ley nacional como el Salario Social Complementario o el Registro Nacional de Barrios Populares. Estas dos políticas -que son muy inferiores en términos de recursos- fueron sometidas a un extenso debate social y votadas prácticamente por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional. La Tarjeta Alimentar es una decisión un tanto improvisada que definió un conjunto funcionarios encerrados en una oficina.

La Tarjeta Alimentar es una política que por su diseño activa todos los mecanismos de concentración económica. Esto es así porque gran parte de la masa de dinero va derechito a manos de empresas monopólicas y actores financieros que antes que se cuente tres van con los pesos del Estado a comprar dólares. Además, el Estado paga comisiones multimillonarias a intermediarios financieros en los pagos electrónicos y para colmo se vuelven a imprimir los plásticos, ya que por alguna razón incomprensible de “comunicación política” no se quiere transferir el dinero a través de la tarjeta de ANSES. 

La Tarjeta Alimentar tampoco es un buen mecanismo para fomentar la demanda agregada como polea de la reactivación económica. Su diseño promueve el consumo de alimentos industrializados que se producen en empresas monopólicas y se venden en grandes cadenas de comercialización, perjudicando a los pequeños comercios barriales y economías locales. Todo esto sucede, además, en un contexto en el que, pese al ajuste fiscal vigente, no se ha logrado controlar la inflación cuyo principal rubro son, precisamente, los alimentos. Ni que hablar de los vivos de siempre que cobran con sobreprecio a las personas que compran con la tarjeta.

Nosotros, desde los movimientos populares, creemos que contra el hambre, la pobreza y la indigencia hay una sola salida. Esa salida es el trabajo, remunerado y con derechos laborales. Precisamente porque luchamos por trabajo es que los formadores de opinión, ciertos sectores empresarios y gran parte de la política buscan instalar constantemente lo contrario: que somos los vagos, los choriplaneros, los pobristas. Allá ellos. Nosotros tenemos claro que proponemos y tal vez algún día se nos escuche porque, aunque no tengamos una receta mágica, conocemos, vivimos, padecemos la realidad de los sectores populares. 

La salida es el trabajo. Toda la inversión social tiene que estar pensada creativamente en función de crear trabajo dentro de las difíciles condiciones que para ello impone el marco de la globalización tecnocrática vigente.

Esto, desde nuestra perspectiva, quiere decir dos cosas:

1.- reconocer ese trabajo que se inventaron nuestras compañeras y compañeros cuando el Estado y el Mercado les dio la espalda. Son casi cinco millones de argentinos que en su inmensa mayoría no pertenecen a ninguna organización social o partido político. Trabajan día a día en tareas que ya existen, en muchos casos con ingresos de indigencia y sin ninguna protección. Desde las tareas de cuidados hasta el reciclado de residuos son formas de trabajo que denominamos economía popular. Es el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores cartoneros, recicladores, agricultores familiares, costureros, constructores, vendedores, feriantes, artesanos, cuidadores comunitarios, productores de alimentos que también contribuye a la riqueza del país. Todos y cada uno de ellos merecen ser registrados, acceder gratuitamente al monotributo y gozar de ingreso de base que denominamos Salario Universal.

2.- crear otros cinco millones puestos de trabajo que se requieren en actividades socialmente organizadas como las manufacturas en pequeña escala, servicios ambientales, tareas comunitarias, infraestructura urbana, construcción de viviendas, urbanización de barrios, prevención de adicciones, alfabetización, promoción de salud y producción agroecológica en el marco de un Plan de Desarrollo Humano Integral que permita fortalecer las economías regionales, propiciar una distribución más armónica de la población en el territorio y permitir una adecuada transición ecológica para enfrentar los desafíos ambientales y sanitarios por venir.

Para dar un ejemplo que propuso Emilio Pérsico recientemente sobre cómo esta inversión de 360.000 millones de pesos anuales en la Tarjeta Alimentar podría haberse aplicado con mayor inteligencia solo con un poco de esfuerzo y planificación, basta decir que en cuatro años se podrían haber construido un millón de viviendas con los precios de la construcción vigente y aprovechando el programa Potenciar Trabajo para proveer gran parte de la mano de obra. Eso no es pan para hoy y hambre para mañana sino un bien social durable.

Ahí está el futuro. Crear trabajo y poblar la patria. Planificar el desarrollo humano. Pensar con creatividad. No subestimar al pueblo. Es más difícil que poner plata en una tarjeta, pero es más justo, más inteligente y cuando lo logremos va a ser mejor para todos.

Por Juan Grabois

Foto: Ida Vazquez

Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen

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