Las detenciones, ordenadas por una ex empleada de las mineras, fueron avaladas por las autoridades del PJ Catamarqueño que presentó querella criminal. Sectores integrantes del Frente de Todos le dirigieron una misiva a Alberto Fernández para que en su rol de flamante presidente del Partido Justicialista interceda por la liberación de lxs detenidxs.
La iniciativa es del Frente Patria Grande, integrante del Frente de Todxs y se conoció ayer luego que transcurriera una semana desde los allanamientos que arrojó 12 detenidxs por participar de la marcha numero 585 contra la megaminería en la provincia de Catamarca. Compartimos el documento:
“Al Partido Justicialista Nacional Compañero Alberto Fernández
Por medio de la presente, queremos expresar a nuestra honda preocupación frente a la situación de los presos políticos de Andangalá y la actitud adoptada por el PJ de Catamarca. Consideramos que contradice los más elementales principios del movimiento nacional y las banderas que unieron al Frente de Todos al enfrentar las lógicas antidemocráticas, represivas y persecutorias del macrismo.
En la actualidad, doce ciudadanos permanecen arbitrariamente detenidos hace diez días por su supuesta participación en incidentes que se produjeran en el marco del conflicto de los vecinos con las multinacionales mineras Yamana Gold, Glencore y Newmont. Las detenciones, ordenadas por una ex empleada de las mineras, fueron avaladas por las autoridades del PJ Catamarqueño que presentó querella criminal.
Los detenidos son de distintas edades, profesiones y pertenencias políticas. Hay entre ellos militantes ambientales, políticos, feministas e incluso un compañero de nuestra fuerza, Damián Abel, peronista de toda la vida que actualmente coordina un merendero en Andalgalá. También se encuentra detenido Matías Paz (30), empleado público, árbitro de fútbol, papá; Aldo Flores (73), sociólogo, docente jubilado, activista desde el minuto cero en contra de la megaminería; Ailén Saracho Diamante (21), estudiante, futura maestra, militante feminista; Sara Fernández (35), estudiante, artesana, montañista, cicloviajera; Augusto Brizuela (49), jornalero de actividades rurales; Enzo Brizuela (32), estudiante avanzado de Geología, artesano y músico; Jorge Ramos (39), profesor de historia, músico, gestor cultural, comunicador social.
Eduardo Villagra, es otro de los detenidos. Trabaja en el corralón privado que donó el material para arreglar el baño de la comisaria donde, en pésimas condiciones, se alojan muchos de los detenidos, porque el baño estaba destruido en una expresiva metáfora de la injusticia social y ambiental: mientras las megamineras disponen de miles de litros de agua por segundo, en muchos casos ni los ciudadanos ni las instituciones tienen acceso a la misma.
A los detenidos se los acusa de haber participado en los incidentes que se produjeron durante la caminata 583 por el agua y la vida, masiva movilización popular contra la megaminería que en esta ocasión sumaba el repudio al inicio intempestivo de las perforaciones del yacimiento Agua Rica ubicada en zona glaciar y periglaciar en la cuenca alta del río Andalgalá a pocos kilómetros de la ciudad que se abastece de esas aguas. Los lamentables incidentes provocaron daños materiales contra la sede de la multinacional minera y un local partidario.
Las detenciones se produjeron en los días posteriores a la movilización en el marco de operativos que violaron todo tipo de derechos y garantías constitucionales. La continuidad de las mismas es absolutamente injustificada dado que son todas personas del pueblo, con residencia conocida, sin riesgo de fuga ni capacidad de entorpecer la causa. Es importante destacar que, además de las detenciones, se produjeron incontables episodios de hostigamiento e intimidación de enorme gravedad con la participación ostensible del grupo especial Kappa filmando los domicilios de asambleístas y militantes, permaneciendo largas horas en sus inmediaciones con rostros cubiertos y armas largas.
Semejante abuso de poder es un verdadero calco de la lógica que Ud., nosotros y gran parte de la militancia del Frente de Todos enfrentamos durante el macrismo cuando denunciamos las detenciones arbitrarias, abusos policiales y maniobras judiciales contra dirigentes sociales y políticos ¿Cómo puede ser que ahora un gobierno del Frente de Todos reproduzca el mismo método? ¿Cómo puede ser que el principal partido de nuestro Frente avale semejante injusticia? ¿Cómo puede ser que se sostenga un silencio frente a una situación de tamaña gravedad?
Existe además otra dimensión que nos debe llevar a la reflexión. Como parte del Frente de Todos, nos duelen los daños producidos en el local partidario. Queremos que se investigue el hecho otorgándole todas las garantías a los eventuales imputados. Sin embargo, debemos preguntarnos si no es legítima la indignación de una creciente parte del pueblo, en particular la juventud, ante la anuencia con ciertos modelos extractivos que destruyen la naturaleza y perjudican a las comunidades.
Creemos que debemos replantearnos algunas formas de mal desarrollo frente a la que el Frente de Todos no pareciera tener una política clara. Además del gravísimo daño al ambiente que producen, se trata de modelos de saqueo en el que literalmente nos roban recursos mineros, agrícolas e ictícolas que se extraen de las venas abiertas de nuestra patria y terminan en las arcas de los países ricos en un pase de manos signado por el contrabando, la subdeclaración, la evasión y la elusión fiscal en perjuicio del pueblo argentino.
En algunos casos, la maniobra es grosera. En La Alumbrera, por ejemplo, el producto bruto es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. De ahí en tren hasta Santa Fe para ser exportado. Luego, esperamos pasivamente a que en destino nos digan que les llegó. Lo mismo sucede con los porotos de soja que salen de la Argentina rumbo a Paraguay para luego ingresar por el Paraná como soja paraguaya y salir por un puerto regenteado por multinacionales sin control nacional soberano.
En enero de 2021, nuestro país ratificó, a través del Congreso de la Nación, su participación en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que fue refrendado por las principales fuerzas políticas del oficialismo y la oposición que integran el cuerpo legislativo y que reconoce en su artículo 9 la necesidad de proteger los derechos y garantías en los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Hoy más que nunca, debemos recordar el Mensaje Ambiental de General Perón a los Pueblos del mundo, debemos recordar las palabras del Papa Francisco en Laudato Sí, debemos escuchar el grito de la juventud, los pobres y las comunidades que luchan por la justicia ambiental y social como un todo indisoluble. Debemos exigirles a nuestros dirigentes que no sean cómplices ni socios de las multinacionales del saqueo.
Hoy se está consintiendo que quienes se la juegan para defender los recursos de nuestro país, estén presos y sabemos que no pasarán a la historia aquellos que especulen, sino los que más se la juegue Por ese motivo, solicitamos al PJ Nacional se sume al clamor por la liberación de las y los doce detenidos de Andalgalá.” Concluye la carta.
“Acá tienen que tomar cartas en el asunto los organismos del estado nacional que tengan injerencia en la cuestión como pueden ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior. Lo que está pasando en Andalgalá no solamente es muy grave, sino que es un muy mal antecedente para todos los ciudadanos que defienden el derecho a un ambiente sano.” Expresó por otro lado La abogada Mariana Katz que forma parte del equipo jurídico del SERPAJ. El organismo fundado por Adolfo Pérez Esquivel acompaña la lucha del pueblo andalgalense desde 2006, cuando expresaban su rechazo al inicio de obras en Minera La Alumbrera.
Redacción
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
