Cuando la impunidad es tu mejor aliada

El ginecólogo Rodríguez Lastra condenado en Río Negro por incumplimiento de deberes de funcionario público estaba por ejercer en una clínica de Entre Ríos y sigue cobrando 83 mil pesos por nuestra provincia sin trabajar. Fue denunciado por Marta Milesi con quien conversamos en esta crónica de la impunidad.

El recibo de sueldo de Rodríguez Lastra que suma 83.000 $.

A Rodríguez Lastra no le alcanzó con tener una situación judicial compleja en Rio Negro, sino que fue por más: desde hace unos meses intenta ejercer en una clínica privada religiosa en Entre Ríos. Como si esto fuera poco, sigue cobrando su sueldo abonado por el gobierno rionegrino. Organizaciones sociales y feministas, profesionales de la salud y la médica jubilada y ex legisladora de Rio Negro, Marta Milesi, denunciaron la situación.

Mientras la sociedad se encuentra expectante por lo que pueda ocurrir en los próximos días en torno a esta ampliación de derechos para las mujeres y cuerpos gestantes, el Gobierno de Entre Ríos pareciera estar ajeno a todo ello. Hace algunos días, circuló la información de que el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, estaba ejerciendo en dicha provincia. Según la información a la que accedió este medio, se encontraba iniciando los trámites para trabajar en una clínica cooperativa de orígenes religiosos llamada “Jeannop Sueyro”, en Gualeguaychu. Luego del revuelo que causó la noticia, la Ministra de Salud de esa provincia, Sonia Velázquez, informó que su matrícula quedó suspendida y por lo tanto no podrá ejercer en territorio entrerriano.

¿El motivo? El profesional mantiene una condena por delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la provincia de Río Negro. ¿La excusa del gobierno para dejarlo actuar hasta ese momento? Según detallan las autoridades en la resolución que lo inhabilita, “debido a que su situación penal no estaba registrada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cartera sanitaria procedió a otorgarle la matrícula Nº 12.642 para ejercer su profesión desde septiembre de 2020 hasta 2025”. Para ello, “el médico había realizado previamente los trámites pertinentes (presentación de documentación vía digital)”. Además “cumplía con los requisitos, contaba con certificado de buena conducta, y no evidenciaba antecedentes«. Otro interrogante más: ¿Cómo hizo para tramitar ese certificado, si para ello necesita domicilio en esa provincia y él en verdad había declarado vivir en Buenos Aires? Por la causa, se le exigió que declarara un domicilio fijo.

Es necesario destacar el rol de organizaciones feministas del país que, a través de un comunicado dirigido a la comisión directiva del Colegio Médico de Gualeguaychú, solicitaron que no se apruebe la afiliación del toco ginecólogo a dicha institución e hicieron ruido en los medios de comunicación para repudiar la llegada a Entre Ríos. Argumentaron pidiendo que se fortalezca “un sistema de salud integral con perspectiva de géneros y derechos, que respete y acompañe las decisiones de las personas”.

Sin embargo, a pesar de la resolución y del revuelo generado, Damián Torres, abogado defensor de Rodríguez Lastra sostiene que la inhabilitación es ilegal “ya que la condena no está firme y falta mucho para ello. Pero lo más importante, la inhabilitación sólo alcanzaría si la condena se confirmara en todas las instancias para ejercer cargo público”. Es por ello, que están estudiando iniciar acciones penales contra el gobierno entrerriano.

Pero, ¿quién es este personaje? ¿Por qué tanta conmoción? Es momento de realizar un repaso histórico y volver a la Patagonia.

El certificado que le otorga licencia por stress al medico cipoliteño.

Crónica de la desidia

Rio Negro, 3 de abril de 2017: Una joven de 19 años ingresó al servicio de ginecología del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti con un aborto en curso, producto de una violación. Desafortunadamente, cayó en manos del jefe del servicio. Sí, Leandro Rodríguez Lastra, quien no sólo obstruyó la interrupción del embarazo que ella misma decidió practicarse con medicación, sino que la retuvo dos meses en el nosocomio, le suministró la medicación para interrumpir el aborto sin informarle y, finalmente, le practicó una cesárea.

La médica jubilada, ex directora del hospital en cuestión y ex legisladora de Rio Negro, Marta Milesi, acompañó el caso y lo denunció desde sus inicios. En varias oportunidades y al ser consultada por el caso, dijo que “era una situación dantesca la que vi cuando entré en la habitación. Era una habitación totalmente oscura, en donde había una chica que decía tener 19 años, pero para mí tenía 14, delgadita, chiquitita. Estaba en posición fetal, con todo el cabello largo tapándole la cara, y no podía hablar conmigo. Se quedaba callada. Lo único que me dijo fue “sáquenme este coso” y “yo le escribí una carta”. En la carta, que me la dio en la mano, me dice que no quiere estar ahí, que la saque, que Rodríguez Lastra la maltrataba, que cuando él pasa y ella se tapa la cara le dice “maleducada”. Me dice que se quiere ir de ahí”. “Sentí vergüenza de ser médica, legisladora y mujer. Si tengo que contar todo lo que no se debe hacer en estas situaciones, es todo lo que se hizo”, sostuvo.

4 de octubre de 2019. La justicia de Río Negro lo condenó a dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y un año y dos meses de prisión en suspenso. Fue hallado responsable de detener un aborto legal en curso y obligar a gestar y parir a una joven violada. Durante el tiempo que dure la condena, debía entre otras cosas “presentarse a informar mensualmente ante el organismo de control” sobre su paradero y situación. ¿Estarán al tanto que ejercía en el Centro del país? La condena fue confirmada este 2020, aunque como era de esperarse fue apelada por Torres ya que aseguró que se trataba «de un fallo que sin dudas es meramente ideológico en su mayoría». El Tribunal de Impugnación de Río Negro también ordenó en su momento realizar un nuevo juicio para debatir las reglas de conducta que debería cumplir el imputado. “Hoy la causa debe llegar al Tribunal Superior de Justicia, es la última instancia provincia. Ahí se tendrá que resolver si lo toma y dictamina o si directamente lo envía a la Suprema Corte de Justicia”, aclaró Milesi en diálogo con Al Margen.

Pero esto no es todo. La ex legisladora brindó a este medio una nueva arista a investigar: el ginecólogo sigue percibiendo su salario como médico “full time”, es decir como si ejerciera a tiempo completo en la salud pública. Además, dicha categoría lo imposibilita a trabar en el ámbito privado salvo en el ambiente educativo. Quien abona su sueldo, que en octubre de este año fue de $83.429,68 netos, es el gobierno de Rio Negro. “Van a hacer dos años que no está trabajando porque no está separado por la causa, sino que tiene presentado un certificado por trastorno adaptativo de ansiedad, más conocido como estrés desde 2019”, dijo y añadió que hoy nuestro asombro pasa porque tiene la matricula bloqueada en nuestra provincia, es full time, cobra sueldo completo cuando ya en realidad no le correspondería porque cualquier empleado de la administración pública (según las leyes nacionales vigentes) si ha pasado ya un año con certificado sin importar la patología declarada, debería cobrar la mitad o nada”.

Milesi informó que “las notas con estos reclamos han sido presentadas oportunamente” a funcionarios y funcionarias de las diferentes áreas provinciales involucradas. En el mismo sentido, actuaron desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Rio Negro que pidieron al Ministerio de Salud, al Consejo de la Función Pública y al Ministerio de Economía provincial que se expidan en relación a lo planteado. Es decir, no hay un desconocimiento de lo que ocurre.

“Es inexplicable que esto ocurra y más en tiempos de pandemia donde hay gente en el primer frente de batalla que estamos perdiendo. Sobre todo acá en Cipolletti donde la situación estuvo muy complicada. De hecho yo soy jubilada y estoy, como muchos otros médicos jubilados, de forma voluntaria haciendo seguimientos telefónicos de pacientes Covid. No es el momento para que alguien esté cobrando sin trabajar y más aun ejerciendo en privado en Entre Ríos. Esto es de suma gravedad”, explicó indignada al tiempo que aseveró que “le avisó a todo el mundo” de lo que está sucediendo, “sin obtener respuesta alguna”. “La que sí se está ocupando también, es la directora del Hospital Moguillansky”, reconoció y opinó que “no es casual porque toda la conducción de ese nosocomio hoy está en mano de mujeres”.

Hay que decir además que Rodríguez Lastra, más allá de la causa judicial desarrollada en esta nota, tiene “un sumario administrativo y otros cuatro más en la Junta de Disciplina por maltrato a pacientes y enfermeras”. Todas mujeres. “No sabemos qué pasa con esos sumarios y eso también será responsabilidad de que se investigue en dicha Junta”, puntualizó la entrevistada.

Todo lo abordado en estas líneas denota violencia. Violencia hacia las mujeres; de todo tipo: psicológica, física, obstétrica. Un sinfín de derechos vulnerados por este supuesto profesional que se niega a reconocer que existen leyes como la 26.485 o el mismo protocolo ILE, de Interrupción Legal del Embarazo.  Violencia hacia las instituciones, por no reconocerlas, por pasarlas por arriba y querer ejercer más allá de todos los impedimentos, inclusive los legales. Violencia hacia sus pares, que tal como lo describía Milesi, hoy están peleando en toda la provincia por mejores condiciones laborales y mayor reconocimiento a la enorme tarea que vienen realizando aunque desde el gobierno provincial no atiendan esos reclamos. Es inclusive una falta de respeto el seguir cobrando esas cifras sin tener ni siquiera una contraprestación a cambio. Ni hablar de la calidad de profesional que ha demostrado ser. Sin empatía, anti derechos y violento.

Ojalá nunca nos toque caer en manos de estos Rodríguez Lastra, aunque sabemos que muchas veces pasa. Ojalá todos los casos similares se denuncien y la Justicia funcione sin tanta burocracia, con perspectiva de género. Ojalá el debate que se inicia en el Congreso la semana entrante nos haga crecer como sociedad y contemos en este 2020 con una ley que es deuda histórica en lo que a materia de derechos para con nosotras se refiere. Ojalá sigamos caminando juntas siempre, porque si algo quedó demostrado una vez más, es que siempre hay mujeres acompañando a otras, ya sea sosteniendo, denunciando, abrazando, peleando por nuestros derechos, siendo red, dando batalla al sistema injusto en el que vivimos y queremos transformar.

Por Luciana Avilés

Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen