Democratizar la conectividad es posible

El decreto presidencial que declara a las telecomunicaciones “servicio público en competencia” puso al asecho a los cámaras empresarias. En Río Negro, menos del 50% de los estudiantes de primaria tiene banda ancha en su hogar.

El decreto 690 establece servicio público la telefonía, el acceso a internet y la tv por cable. Foto: Euge Neme.

El último miércoles, sólo cuatro de 21 alumnos de primer grado de una escuela pública céntrica de Bariloche lograron conectarse a Zoom. La iniciativa de la maestra se estrelló con la realidad: sólo el 55% de los hogares rionegrinos tiene acceso a banda ancha, según datos del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) de diciembre pasado. ¿Podrá revertir este déficit el decreto presidencial que declara la conectividad a internet “servicio público en competencia”?

Medio centenar de integrantes de equipos directivos de escuelas de Bariloche, Dina Huapi y Pilcaniyeu advirtieron en un documento público que la conectividad en la región alcanza a un promedio del 30% al 50% de los hogares con chicos en edad escolar. El dato pareciera reafirmar la estadística oficial y abre una seria conjetura sobre el devenir pedagógico en pandemia.

El decreto presidencial 690, publicado en el Boletín Oficial días atrás, establece como servicio público a la telefonía fija y móvil, a la conectividad a Internet y a la televisión por cable. En principio, la medida suspende los aumentos anunciados por las operadoras de internet y telefonía para septiembre, al menos hasta fin de año.

Ahora el Estado vuelve a tener la facultad de aprobar eventuales incrementos de tarifa. Se trata de una restitución de ese poder, porque el expresidente Mauricio Macri suprimió el artículo de la ley “Argentina Digital” de 2014 que así lo establecía.

Sólo en 2019, las compañías incrementaron libremente sus abonos un 10% arriba de la inflación récord del 55,8% de ese año. El dato, que trajo a la memoria el periodista Diego Genoud en El Canciller, vino acompañado de un recuerdo reciente: las empresas aumentaron sus tarifas en marzo pasado y en septiembre lo volverían a hacer entre un 13% y 19%. Esta decisión precipitó la contraofensiva del gobierno de Alberto Fernández.

“Hay brechas que no son sólo socioeconómicas, sino geográficas en la cobertura de servicio. En muchas provincias ni siquiera hay 3G. Esto condiciona el acceso a la salud, la educación, al trabajo, a conservar un trabajo”, señaló el investigador de Conicet Martín Becerra, en diálogo con Despertate, el programa matinal de FM Horizonte. “Espero que esta concepción de servicio público empiece a ser atendida”, agregó.

El decreto podría implicar también que la telefonía móvil incluya planes básicos y universales, como rigen en la telefonía fija, declarada servicio público desde 1972.

Habrá que esperar a cómo macera la reacción negativa de las empresas, sobre todo las de posición dominante, como Clarín (dueña de Telecom, Cablevisión y Fibertel). Las principales cámaras ya emitieron un comunicado contra el decreto y dejaron entrever que están dispuestas a retacear el 1% de su facturación que solventa el Fondo de Servicio Universal, destinado, en parte, al Plan de Conectividad para 4200 barrios populares en todo el país. 

Por Pablo Bassi

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen