Tierra, techo y trabajo en campaña electoral

Entrevistamos a Julieta Wallace, candidata a legisladora por el Frente para la Victoria. Dice que buscará poner en ejecución la integración de barrios populares.

Julieta Wallace abogada de la CTEP fue querellante por la familia de Rafa Nahuel en el primer tramo de la causa. Foto: Euge Neme.

De ganar Martín Soria el próximo 7 de abril, Julieta Wallace tiene grandes posibilidades de acceder a una banca por el circuito andino en la Legislatura de Río Negro, donde impulsaría una agenda con propuestas de los trabajadores de la economía popular o informal, como denomina.

Agitada entre la campaña y sus funciones como presidenta del Tribunal de Contralor de Bariloche, Wallace recorre con Al Margen su trayectoria y destaca el asesoramiento legal a organizaciones indígenas y su participación en el programa de Pobladores Rurales y Comunidades Indígenas de Parques Nacionales y en la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales que investigó, desde 2011, la venta fraudulenta de hectáreas fiscales en Río Negro a precio vil.

Cuenta además, que un enfrentamiento con Gustavo Genusso la obligó a apartarse durante los últimos años de tareas codo a codo con los movimientos sociales. Fue a partir de haber decidido patrocinar a la Asociación de Recicladores de Bariloche (ARB), en lo que representó para el intendente un conflicto de interés con el Estado.

-¿Creés que una parte de Juntos Somos Río Negro podría integrar en octubre un frente opositor a Cambiemos?

-No, para nada. Si existiera esa parte en Juntos, creo que ya debiera haber dicho algo. Ni siquiera Pesatti (vicegobernador y candidato a primer legislador por el partido de gobierno), que habiendo estado en el Frente para la Victoria aplaudió el ajuste, los tarifazos y la política neoliberal de Macri

-¿A qué te referís con “aplaudió”?

-El gobernador asistió en Buenos Aires a la audiencia por los tarifazos y firmó el pacto fiscal que significa menos subsidios para el transporte público en las provincias, sin que nadie en Juntos se haya manifestado en contra.

-¿Cómo caracterizás la relación del gobierno de la provincia con los trabajadores de la economía popular?

-No hay política pública para el sector. Las cooperativas de trabajo podrían ser proveedoras del Estado, por ejemplo mediante obra pública. Las experiencias que hoy existen en ese sentido son aisladas. Tampoco se apuesta a su organización: si alguna de ellas se vincula en términos políticos con la oposición es castigada.

-¿Por ejemplo?

-La ARB, a la que Juntos obligó a vincularse sólo con el municipio de Bariloche.

-¿Qué plan tenés para el desarrollo de viviendas?

-Mi propuesta  es implementar en Río Negro la ley nacional de integración de barrios populares, relevados por la CTEP en todo el país. Esto implicaría regular la situación dominial de las tierras y el acceso a los servicios públicos básicos, como así también el mejoramiento general de las viviendas.

-Habría que destacar que esa partida presupuestaria depende de Nación, ¿no?

-Exacto, y Nación aún no destinó ningún tipo de recurso. Por lo tanto, mi propuesta incluye que por adhesión o mediante una ley propia acotemos los barrios populares registrados en la provincia de Río Negro y contemos con un presupuesto específico. También hay otras herramientas que no se usan para regularizar la situación dominial, como la Ley Pierri. Es muy importante otorgar seguridad jurídica sobre la tenencia de la vivienda: para prever dónde conseguir trabajo, dónde los chicos pueden ir a la escuela.

-La ley de integración urbana excluye a las viviendas rurales…

-Sí, y es necesario un reordenamiento. Hay mucha tierra fiscal donde se asientan familias mediante un Permiso Precario de Ocupación y Pastaje por tercera generación.  El desarraigo implica el éxodo rural.

-Hay una ley en Río Negro que es la 4952, sobre Agricultura Familiar…

-Sí, que nunca fue puesta en funciones y ni siquiera fue reglamentada. Nosotros buscaremos ejecutarla, porque nos parece esencial para fomentar la producción socio doméstica, garantizar el acceso al agua y la tierra de los agricultores familiares rionegrinos.

Wallace el último 24 de marzo; una militante de los movimientos sociales, que llevará a la legislatura la agenda de la CTEP Bariloche. Foto: Euge Neme.

-¿Cuántas familias se verían beneficiadas?

-Justamente la ley crea un registro para saber de cuántos hombres y mujeres estamos hablando.

-¿Cuál es la solución más rápida para que la mitad de los barilochenses tenga conexión de gas?

-Son necesarias obras de infraestructura que se acompañan desde Nación y que la Provincia no reclama.

-¿Le reconocés obra pública a Weretilneck?

-Reconozco obras ligadas al Plan Castello, para las cuales se cuadriplicó la deuda pública. Pero son ineficientes o están ligadas a la especulación inmobiliaria.

-¿Por ejemplo?

Estuve días atrás por El Bolsón y vi que se está pavimentando el ingreso al Mallín Ahogado, cuando los productores no tienen siquiera acceso al agua para producir ni vivir. Tenemos que hablar de la calle Mitre de Bariloche, que se está construyendo por cuarta vez. O del Hospital Ramón Carrillo, sobre el que se invirtieron 200 millones de pesos y ahora dicen que hay que demolerlo porque están mal los cimientos.

Por Pablo Bassi

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen