Una cautelar contra la violencia institucional

El oficio fue dictado por la Jueza Marcela Pájaro y obliga a las fuerzas policiales a estar debidamente identificadas, no exhibir armas ni llevar pasamontañas durante los operativos en cercanía de niños y adolescentes.

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Una cautelar obliga a la Policía a estar identificados y no hacer exhibición de armas. Foto: Hernán Pirato Mazza.

La Jueza de Familia Marcela Pájaro dictó una medida cautelar para detener las arbitrariedades de la Policía contra adolescentes del barrio Virgen Misionera. La decisión fue tomada luego de que la escuela Amuyen de ese barrio junto a las organizaciones sociales del Movimiento de Infancia de Bariloche presentaran ante su juzgado un pedido de habeas corpus para detener la escalada de violencia institucional que azotaba a los jóvenes que concurren a ese establecimiento del oeste de la ciudad.

Todos los operativos de prevención que se realicen en la zona del barrio Virgen Misionera y mas específicamente en las inmediaciones del establecimiento Amuyen y Jaime de Nevares deberán realizarse con personal debidamente identificado con credenciales en lugar visible con cara descubierta y en vehículos con patente correctamente exhibida. Los agentes deberán abstenerse de realizar maniobras intimidatorias o exhibir armas.” Ordena el oficio de Marcela Pájaro.

La Jueza convocó a las organizaciones luego de la presentación jurídica donde referentes sociales le contaron de primera mano la escalada de violencia institucional por parte de la policía hacia los adolescentes en distintos puntos de la ciudad y principalmente en el barrio Virgen Misionera.

El Habeas Corpus presentado por las organizaciones llegó luego que policías rociaran con gas pimienta a adolescentes que se dirigían a realizar educación física durante el horario escolar. Situación que fue denunciada ante Fiscalía. Luego de este hecho se realizó una sesión especifica del Consejo de Niñez donde el responsable de la Regional Tercera Daniel Bertazzo firmó los acuerdos para detener esta ola de amedrentamientos. Sin embargo, algunas semanas mas tarde en el marco de “operativos de prevención” como los denominan las fuerzas policiales, los uniformados se apostaron con armas de grueso calibre, rostros tapados por pasamontañas, sin identificación a la vista y con vehículos carentes de identificación.

Estos hechos precipitaron la presentación por parte de los abogados que acompañan a las organizaciones de infancia a presentar un escrito de pedido de habeas corpus preventivo que cayó en manos del Juzgado de Familia de Marcela Pájaro por tratarse de adolescentes y jóvenes.

La jueza se decidió por una medida cautelar donde insta a al Ministerio de Seguridad y a la policía a: “Deberán abstenerse de detener personas menores de edad a menos que resulte indudable que se ha dado algún supuesto habilitado por ley, en cuyo caso se comunicaran de forma inmediata con el Defensor de Menores e Incapaces en turno y la Fiscalía.” En otro párrafo dice el escrito: “Los operativos de prevención aludidos deben tener como finalidad la protección de todas las personas que transitan el barrio sin que resulte admisible “la presunción de peligrosidad” respecto a ninguna de ellas.”

La “presunción de peligrosidad” es uno de los términos utilizados por la Policía para llevar adelante detenciones arbitrarias. Lo que popularmente se denomina “portación de cara” es decir que ciertos estereotipos como el origen social, color de piel, forma de vestir o poseer cierto apellido presupone un acto delictivo.

Esta medida cautelar obliga también a la policía a comunicarse con los establecimientos educativos de la zona para informar si se llevan adelante operativos de seguridad.

La ola de violencia institucional viene en aumento de desde hace 2 años a esta parte y han sido denunciados en diferentes ocasiones y ante los mismos responsables de la policía en la ciudad.

Las organizaciones sociales reclaman entre otros puntos, la presencia de un responsable político del área de seguridad en la localidad.  El ministro de Seguridad y Justicia Pérez Esteban rechazó todas las convocatorias al dialogo para solucionar esta problemática. Bariloche no cuenta con ningún funcionario con decisión política. Además de ser la ciudad mas poblada de la provincia, es la que lidera las estadísticas en casos de violencia institucional. Una dura realidad para pibes y pibas que como uno de los chicos rociados con gas pimienta en el mes de abril dejó de concurrir a la escuela por el miedo y estrés que le generó esa situación.

 

Por Alejandro Palmas

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen