La disputa por la construcción del hábitat popular

Producto del relevamiento realizado en más de 20 barrios de Bariloche durante 2016 comenzó a mediados de Julio, la entrega de los Certificados de Vivienda Familiar. Políticas públicas surgidas desde abajo que comienzan a plasmarse en derechos. La lucha por una vivienda digna.

IMG-20170713-WA0027

Organizaciones de CTEP Bariloche realizando el relevamiento en los barrios de Bariloche.

En el marco del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) comenzaron a entregarse los certificados a quienes fueron censados por referentes de los movimientos y organizaciones sociales y políticas que llevaron a cabo dicho relevamiento en Bariloche

Un poco de historia

El lunes 22 de mayo el presidente Macri firmó el decreto N° 358/2017 que formalizó legalmente el trabajo realizado desde hace meses a nivel nacional, de modo articulado entre la Jefatura de Gabinete de Ministros con movimientos y organizaciones sociales: el relevamiento nacional de barrios populares. Ningún gesto progresista, es el logro de los movimientos sociales que dieron la disputa por comenzar a mejorar las condiciones de hábitat de miles de familias de los sectores populares.

Este decreto instituye el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) que constituirá, según su letra, la base de las políticas tendientes a la regularización dominial, a llevarse a cabo mediante la implementación de la Ley N° 23.967. La administración y la gestión del registro quedaron en manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La AABE será el organismo responsable de emitir el Certificado de Vivienda Familiar, para ser entregado por la ANSES a los responsables de vivienda censados en el relevamiento e incluidos en el RENABAP. El decreto establece que el certificado tendrá legalidad jurídica como documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a fin solicitar la conexión de servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica, cloacas, gas, ante organismos públicos municipales, provinciales y nacionales.

La experiencia local

 En Bariloche quienes fueron relevados en 2016, podrán comenzar a retirar sus certificados en la oficina de ANSES Bariloche, en John O´Connor 467, en el horario de 13.30 a 17, todos los días a partir del miércoles 12 de julio. Sin embargo, el equipo técnico territorial conformado para la segunda y tercera etapa del relevamiento, que ya se retomó en estos días invernales, gestiona la realización de dispositivos de entrega en territorio. El relevamiento se inició el año pasado, con la coordinación de la Jefatura de Gabinete y la participación en el orden local, de los movimientos y organizaciones que conforman la CTEP en Bariloche.

Quienes ya fueron relevados y figuran como responsables de la vivienda, deben concurrir con DNI. Si el responsable no puede acercarse a solicitar el certificado, lo deberá hacer algún integrante de la vivienda mayor de edad con su DNI, y el original y fotocopia del titular ausente.

La vivienda como mercancía.

 La Ley N° 23.967, sancionada en 1991, estableció la transferencia de las tierras del Estado nacional, sus empresas y entes descentralizados, ocupadas por viviendas permanentes, a las provincias, municipios y la ciudad de Bs. As, para su posterior venta a los actuales ocupantes o incorporación a los planes de vivienda social, para familias en situación de vulnerabilidad. Se anunció que el registro iniciará un proceso orientado a la regularización de la relación jurídica de los habitantes de estos barrios populares con el suelo que ocupan.

Este decreto operativiza esta Ley N° 23.967, aprobada hace más de 25 años. Lo que demuestra la ausencia de políticas públicas para evitar el hacinamiento de cientos de miles de familias en villas y asentamientos. Y del mismo modo, la capacidad de lobby de la corporación inmobiliaria a nivel nacional, su presión para imponer el valor de cambio sobre el valor de uso sobre la tierra. Mercancía y no vivienda social.

Según los datos surgidos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, más de 500.000 hogares de todo el país se encuentran en situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que supone en promedio más 2.000.000 de personas en situación de precariedad habitacional y vulnerabilidad en la reproducción de sus condiciones de existencia, en función del acceso a servicios básicos que posibiliten un desarrollo digno.

Datos surgidos del RENABAP llevado a cabo entre agosto de 2016 y mayo de 2017, indican que existen más de 4.100 barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales. Constituídos mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. En este sentido se reconoce como barrio popular a un conglomerado mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular al menos a 2 servicios básicos (red de agua corriente, red eléctrica con medidor domiciliario, conexión a red cloacal).
En este caso, Bariloche es un ejemplo paradigmático. La tierra expoliada a sus habitantes originarios es vendida a capitales trasnacionales a valores que el mercado inmobiliario sólo equipara a sectores exclusivos de la capital federal (Puerto Madero, Nordelta, Recoleta por citas algunos casos) en los que el valor del m2 construido oscila entre los 1200 y los 1600 U$S.

renabap mochola

Los certificados del RENABAP serviran para exigir los servicios como el Gas y el agua.

Está claro que la integración social y urbana no implica únicamente la entrega de títulos de propiedad, sino que debe contemplar otras dimensiones que permitan homologar los barrios populares al resto de los barrios de la ciudad en condiciones de habitabilidad, en acceso a los servicios públicos, en infraestructura urbana (acceso a transporte público, servicios de salud, comunitarios, etc).

La regularización dominial (es decir la regularización de la posesión del suelo) debe contemplar políticas de regulación del mercado inmobiliario para evitar consecuencias negativas de los procesos de integración urbana como la transformación del suelo social en suelo especulativo, la captación de la plusvalía generada por esta regularización dominial e integración urbana, únicamente por los propietarios aledaños, lo que conoce con el término de gentrificación.

“Las familias necesitan un certificado para diferentes cosas, para trámites sociales, en los ministerios, para los domicilios, para la regularización de los servicios. Esto tiene un gran valor simbólico, pero no tiene valor en términos de título de propiedad, no implica un reconocimiento catastral” afirmaron a diferentes medios funcionarios del ejecutivo nacional.

Este es el nudo de la cuestión, la transferencia o no, en términos de títulos de propiedad y no sólo de uso, de la tierra.

La disputa que viene

Con este decreto presidencial, se creó también la Mesa Nacional de Coordinación para Barrios Populares integrada por representantes de los organismos nacionales competentes. Se establece que esta Mesa debe coordinar políticas participativas y la colaboración de asociaciones y organizaciones sociales.

Constituye una falencia intencional, no haber establecido en el mismo decreto de creación de esta Mesa, una herramienta metodológica participativa para que las políticas de integración social y urbana, sean diseñadas y ejecutadas con las organizaciones sociales, compuestas en muchos casos, también por habitantes de barrios populares. Este también es uno de los elementos en disputa, en el camino de la construcción de un hábitat popular digno para los barrios populares de Bariloche.

 

Por Marcelo Viñuela

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen

A %d blogueros les gusta esto: