Apuntes para pensar qué nos pasa

El neoliberalismo en la era Macri. Los avances del capital sobre los asalariados y la resistencia al ajuste. Apuntes para comprender que nos pasa desde la economía política.

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Obreros de una fundición recuperada en 2001. Foto: Duke D2

 El patrón de acumulación imperante en Argentina, si bien posee algunos rasgos específicos, no es un proyecto autóctono. Obedece a una lógica que fue desarrollándose desde mediados de los setenta bajo el nombre de Neoliberalismo, como expresión de los intereses del gran capital concentrado internacional, cuya fracción hegemónica es el capital financiero.

Una característica importante del neoliberalismo es que es un proyecto de clase, en donde el capital no establece alianza alguna con los trabajadores para imponer su lógica de acumulación. Esta especificidad difiere considerablemente de otros modelos de desarrollo, que aun siendo lógicas bajo la égida del capital, se configuran bajo la conformación de alianzas con otras clases o fracciones de clases, tal como ha ocurrido con el llamado pacto de la socialdemocracia y el surgimiento del Estado de Bienestar durante la posguerra en las economías centrales, como también en Argentina bajo el peronismo, las políticas desarrollistas de la década de los 50´ o 60´ o el período Kirchnerista, el cual ha sido caratulado como neodesarrollista.

A diferencia de estos otros modelos de desarrollo, el neoliberalismo, en tanto no se conforma como un proyecto consolidado a partir de una alianza de clases, pretende imponer pura y exclusivamente la lógica del capital global, es decir, pretende imponer en todos los ámbitos la lógica de la rentabilidad, la flexibilización, la desregulación de los mercados para lograr una mayor concentración económica, y las privatizaciones, cuyo objetivo es abrir espacios de rentabilidad al capital privado.

La dicotomía del trabajo y el capital

Desde el plano económico está claro que, bajo esta configuración, el neoliberalismo busca deliberadamente que el reparto del producto social sea máximo en términos de los intereses del gran capital concentrado.

La fuerte devaluación realizada en cuanto asumió el actual Gobierno, la liberalización de las tasas de interés en el sector bancario, el fuerte tarifazo perpetrado sobre la población, la eliminación y/o reducción de los aranceles a las exportaciones agropecuarias y el cierre de las paritarias muy por debajo de la inflación, son todas políticas que apuntaron, durante el primer año de gestión, a generar una nueva pauta distributiva mucho más favorable para los sectores dominantes y en detrimento de los trabajadores en su conjunto.

Ahora bien, todo indica que en lo próximo se vendrá una segunda generación de políticas tendientes a avanzar aún más sobre este tema. Ya sea para allanar el camino para que el costo de la caída de la producción en general recaiga sobre el trabajador, como también para preparar el terreno para que cuando se produzcan ciertos incrementos en la productividad, éstos sean acaparados plenamente por el capital y no se transfieran a los trabajadores.

En contextos recesivos suele caer también la productividad laboral, pero debe resaltarse que ello en ningún caso es culpa de la ineficiencia de los trabajadores, sino que está dado por el contexto económico en el que se desenvuelven.

En períodos de fuerte contracción del producto (PBI), como el actual, se produce cierta imposibilidad por parte del capital en general de extender sus beneficios a partir de los incrementos en la productividad laboral. Esto quiere decir que, al no incrementarse la torta (el producto total), los beneficios no pueden incrementarse por la vía de captar esa parte incremental de la torta (el aumento en la producción y/o el ingreso). Es decir, en esa pelea por la torta que no creció, los capitales tratan de sacarle una parte de lo que poseen los trabajadores, lo cual se expresa en una menor capacidad del poder adquisitivo de sus salarios.

Esta batalla de supervivencia entre el capital y el trabajo se profundiza, porque en dicha disputa no sólo están los intereses de los sectores concentrados de la economía para los que fueron diseñadas las principales políticas, sino que actúa el conjunto de los capitales. Por ejemplo, el sector industrial, que justamente fue duramente golpeado con la apertura económica y la destrucción del mercado interno, al presentar una caída en su rentabilidad busca protegerse de la misma intentando compensar ésta con caídas en los salarios, aunque la causa original de la caída de su rentabilidad no haya sido el incremento de los salarios.

Es evidente que en esta disputa entre el trabajo y el capital, para que el beneficiado sea este último, resulta imperioso convencer a los trabajadores de su lugar subalterno como único camino posible. Para la derecha neoliberal, las aspiraciones de los trabajadores por mejorar sus condiciones de vida son presentadas como parte de un discurso populista y demagógico que no podría llevarse a cabo en la realidad. Se presenta entonces a la nueva configuración del reparto del producto social fuertemente en favor del capital como algo “natural”, como la única forma posible, cuando en realidad esto es modificable y depende de la propia sociedad.

2017: Pronóstico inestable

 Bajo este contexto de la llamada “batalla de supervivencia”, es más que entendible que las palabras que actualmente suenan y resuenan en el discurso del Gobierno sean sobre la necesidad de realizar una flexibilización laboral y reducción del costo salarial. En esta visión, los trabajadores “deben” ser prudentes en sus reclamos, “deben” aceptar la pérdida del poder adquisitivo a la cual se los está sometiendo como única vía posible. Mientras que a aquellas organizaciones sociales y agrupaciones gremiales que critican y discuten estas posiciones se las intenta clasificar como irresponsables, corruptas, se las criminaliza y se las amenaza para acallar sus voces. El caso de Milagro Sala, las recientes amenazas de intervención al gremio de los bancarios que dirige Sergio Palazzo, al haber doblegado al Gobierno y haber cerrado una paritaria por encima del techo del 17% que estableció este último como meta, son claros ejemplos.

Por desgracia, el Gobierno nacional recientemente ha conseguido un fuerte logro para los intereses que representa mediante la modificación de la Ley de riesgos del trabajo, que en lugar de priorizar la prevención de accidentes, intenta ser un freno al derecho de los trabajadores de acceder a la justicia por accidentes o enfermedad vinculada al trabajo, ya que para poder hacerlo deben pasar previamente por la aprobación de las comisiones médicas, las cuales dependen justamente de las propias aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), que son justamente las que deben pagar ante accidentes. Son juez y parte, y es una fórmula que se repite día a día para lograr imponer sus condiciones. El escándalo del Correo Argentino con la familia Macri no es más que una muestra elocuente de este modus operandi.

La recesión provocada por el actual Gobierno se presenta como la excusa perfecta para justificar la necesidad de reformas, al tiempo que el propio Gobierno está esperando que la mayor desocupación y la presión por preservar el empleo generen las condiciones necesarias para subsumir aún más el trabajo al capital. Lo difícil de estos objetivos planteados por el Gobierno es, cómo lograrlo en un año electoral.

En la dicotomía entre los objetivos marcados por los intereses económicos y las necesidades electorales, presumiblemente sigan los derroteros de las políticas del Gobierno nacional. Intentando avanzar sobre los derechos de los trabajadores, pero también obligados a no tensar la cuerda lo suficiente, al menos hasta las elecciones, como para que los resultados de octubre no le sean adversos.

Evidentemente habrá tensiones, avanzadas del Gobierno y seguramente retrocesos, o al menos algunas vueltas atrás sobre ciertas medidas tomadas, si llegaran a encontrarse con una fuerte oposición sobre la medida puntual, tal como ya vienen haciéndolo, con pedido de disculpas mediante, cual aprendices de sala de cinco, sólo con el agravante que sus decisiones tienen directo impacto sobre la pobreza y la desesperación de familias que no logran llegar a fin de mes y que con sus decisiones hacen empeorar sus condiciones materiales de vida. Sobre este accionar del Gobierno nacional, es de resaltar que sus vueltas atrás en ciertas medidas tomadas son fruto de las presiones que encuentran al intentar implementarlas. Algunos ejemplos son: La marcha atrás sobre la reforma de ganancias al iniciar el mandato, el primer tarifazo y las (des)actualizaciones de las jubilaciones y las pensiones del pasado mes de febrero, entre otras. Pero este patrón de comportamiento también marca a las claras, cuál es el camino que deben tomar los gremios, las organizaciones sociales y los partidos políticos, si lo que se pretende es no retroceder en materia de derechos y condiciones de vida.

En esta embestida neoliberal las cartas están marcadas y los dados están cargados en favor del capital concentrado, más aún, cuando representantes de los sectores que actualmente están siendo fuertemente desfavorecidos, actúan en contra de sus intereses y son funcionales a los intereses del poder económico. Las soluciones para los trabajadores y los sectores populares no se encuentran rápidamente, el proceso es largo y la conflictividad presumiblemente vaya en ascenso en la medida que crezcan también los excluidos de este sistema que naturaliza cada vez más la pobreza y potencia el poder de los que excluye. Pero nada está determinado a priori. Como todo proceso social, lo que parece ya impuesto, pronto puede cambiar cuando las propias contradicciones se profundizan…

Lee la Nota Completa en Revista Al Margen N° 79  …

Por Mariano Lanza

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen.

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