Anuncios

La emergencia social se disputa en la calle

Movimientos de base y organizaciones de la economía popular protagonizan en la calle la disputa con el gobierno nacional por la continuidad de políticas públicas para el sector, a través de la continuidad de programas de desarrollo local e inserción sociolaboral.

ley_de_emergencia_social_2.jpg_935531696

El 14 de diciembre pasado, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que declaró la “Emergencia Social” en el país hasta el 31 de diciembre de 2019. La denominada “Ley de Emergencia Social”, fue producto del acuerdo entre los movimientos sociales (la CTEP, Barrios de Pie y la CCC), y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La norma contempla partidas de $ 30 mil millones para lxs trabajadorxs de la economía popular en los próximos tres años, subas en asignaciones sociales, la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) y el Registro de Trabajadores de la Economía Popular. La Ley fue aprobada en diciembre pasado, pero sólo después de las masivas movilizaciones populares del 6, 7 y 8 de marzo, la misma fue reglamentada por el Ejecutivo. De su implementación real no hay indicadores aún.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fueron las organizaciones que tuvieron primacía durante 2016 en las calles, para reclamar por los derechos de los trabajadores de la economía popular, informal, precarizada.  Marcaron también la agenda de una CGT unificada y desmovilizada, que pactó con el gobierno nacional una inconcebible tregua y mantuvo un silencio inmoral en el marco de un nuevo proceso neoliberal de desmantelamiento del aparato productivo, despidos masivos en el sector público y privado, pérdida de capacidad adquisitiva del salario real, e incumplimiento de las promesas de campaña de eliminar el mal llamado impuesto a las ganancias, que en el caso de lxs trabajadorxs, debería referirse simplemente como impuesto al salario.

La jornada de lucha nacional planteada para hoy por estas organizaciones, se propone como objetivo reclamar la implementación efectiva de la Ley, que recién luego de 3 meses fue reglamentada, gracias a la creciente movilización popular de la semana pasada. Si bien esta reglamentación del ejecutivo logró postergar la movilización a Plaza de Mayo planificada para el pasado lunes 13, no logró evitar una nueva manifestación popular en el espacio público. “Nos vamos a manifestar en más de 300 puntos del país con ollas populares y asambleas”, afirmó Juan Grabois, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) e integrante de la CTEP.

Sólo el pueblo en la calle frena el ajuste.

 Durante 2015 la CGT de Hugo Moyano realizó 3 paros generales reclamando por la suba del mínimo no imponible del mencionado Impuesto a las Ganancias. Con más de 250.000 despidos tanto en el sector público como privado, desde la asunción de Macri en la presidencia, el triunvirato de la CGT unificada no convocó a ninguna medida de fuerza en 2016, y tras el papelón de no anunciar la fecha de paro general ante la masiva movilización del pasado 7 de marzo, parece haber perdido su oportunidad histórica de representación legítima de las bases.

Volviendo al sector de la economía popular, sus referentes fueron recibidos por el triunvirato de esta complaciente CGT, con objeto de aunar posiciones y organizar medidas conjuntas, como se planteó la marcha del 7 de marzo, y la convocada por estos movimientos para el día de hoy, 15 de marzo.  Hecho que marca un hito en la historia del movimiento trabajador del país, formal e informal, la articulación de intereses de los trabajadores en relación de dependencia, y los trabajadores de la economía popular.  Del mismo modo, manifiesta quiénes tuvieron la iniciativa de movilizarse en el espacio público, en función de la defensa de los derechos conquistados. Hecho que evidencia el crecimiento del sector de la economía popular luego de la crisis del 2001, como también la dificultad para la regularización del trabajo informal y precarizado.

Al calor de un febrero agobiante, estas organizaciones realizaron ollas populares en Puente Pueyrredón, Congreso y Retiro, y marcharon hasta el Obelisco donde definieron un acampe para reclamar la reglamentación de la Ley de Emergencia Social, y contra la discontinuidad de 20 mil beneficiarios en los programas Construir Empleo y Trabajo Autogestionado, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Entre los principales puntos de la ley se plantea la conformación de un Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) que actuaría bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) que dirige Carolina Stanley. El mismo estaría conformado por representantes de las organizaciones sociales y representantes del Estado, y tendría entre sus facultades la progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario. Sin embargo, más de dos meses después de la sanción, en nada se había avanzado. El compromiso de la ministra Stanley era que la reglamentación de la ley se haría en forma inmediata.

Luego de la movilización de estas organizaciones, el Ministerio de Desarrollo Social convocó el 14/02 a representantes de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie para trabajar en la reglamentación de la norma. Producto de esta reunión, se estableció la conformación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario (CEPSSC) que tendrá como objetivo la distribución de fondos previstos en la Ley de Emergencia Social, y se negocia el pago de $4000 para los trabajadores del sector informal, que figuren en el padrón del Registro Trabajadores de la Economía Popular que será armado por el CEPSSC. Serían estos los primeros movimientos del fondo de $30 mil millones, asignados hasta diciembre de 2019, y cuya facultad de imputación la detenta Jefatura de Gabinete.

Este Consejo estará integrado por tres funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y tres dirigentes de las organizaciones. Por parte del Gobierno, estarán Matías Kelly por el MDS, Sebastián Galiani por parte de Hacienda y Miguel Ponte en representación del MTESS. Por las organizaciones sociales, Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Juan Carlos Alderete (CCC) y Esteban Castro (CTEP).

En el caso de los programas del MTESS, el Secretario de Empleo, Miguel Ponte, reconoció que el recorte de los programas Construir Empleo y Trabajo Autogestionado fue un error burocrático y se comprometieron a restituirlos. Para los funcionarios macristas las organizaciones beneficiarias de los mismos habían incumplido en la presentación de los proyectos de contraprestación en diferentes obras en espacios sociocomunitarios. Se justifica con falencias en trámites administrativos burocráticos, el ajuste a sectores que permanecen en situación de emergencia y vulnerabilidad. Más que errores burocráticos, pareciera ser una estrategia de desgaste y fragmentación de la organicidad de estos movimientos y lxs trabajadorxs organizadxs. Indicios que se evidencian también en el caso de los cambios implementados en el programa Argentina Trabaja.

 Por Marcelo Viñuela

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: