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Absuelto 11 años después: ¿y ahora quién se los devuelve?

El día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió a Fernando Ariel Carrera (38), después de haber sido víctima de una causa armada que lo condenó inicialmente a treinta años de prisión, de los cuales estuvo siete y medio preso, por los hechos ocurridos en 2005 durante la bautizada por los medios oficiales “Masacre de Pompeya”.

El 25 de enero de 2005 al mediodía, Fernando, de 27 años en aquel entonces, manejaba su Peugeot 205 blanco por las calles del barrio de Pompeya después de dejar a sus hijos en la casa de su abuela. Llegando a la intersección de las calles Sáenz y Esquiú, vio un hombre trepado al marco de la ventana de un auto negro aledaño que le apuntaba con una ithaca. Asustado, intentó acelerar pensando que iban a asaltarlo, pero no alcanzó a huir. Perdió el conocimiento, y cuando volvió a despertarse ya estaba esposado.

¿Qué había pasado? El auto recibió dieciocho disparos, que incluían balas de punta hueca calibre 11.25 y 9mm: ocho impactaron en Fernando; una fue directo a la mandíbula. Lógicamente, perdió el conocimiento. Y el vehículo, acelerado por el peso del cuerpo muerto, siguió adelante un tramo de dos cuadras, trayecto en el cual atropelló a cinco personas y terminó chocando con una camioneta que llevaba otras dos. Dos mujeres y un niño de seis años fallecieron por el impacto.

El auto negro -un Peugeot 504, prohibido a circular según comprueba el Registro de Automotores- y un Renault 9 gris, recorrían la zona en el marco de un “operativo cerrojo” que pretendía seguir la pista a un auto blanco con las mismas características que el de Fernando, denunciado por robo a mano armada en la zona de Lugano. El personal a cargo era la brigada de la comisaría 34ª. Pero claro, iban de civil.

No tardaron mucho en darse cuenta que se habían equivocado. Y cuando lo hicieron, “limpiaron” el terreno. Manipularon la escena, le plantaron un perro (arma suya, para legitimar la tesis del enfrentamiento) y recurrieron a testigos falsos, como Rubén Maugeri, presidente de la Asociación de Amigos de la Comisarí¬a 34ª, para armar la causa a su gusto y piacere hasta que llegaran los medios y publicaran su informe, con la versión oficial. Así titularon “Masacre de Pompeya”. [Cualquier parecido con la Masacre de Wilde perpretrada por la Bonaerense en 1994, no es mera casualidad.]

En junio de 2007, Carrera fue condenado por el Tribunal Oral Criminal N°14 a 30 años de prisión por triple homicidio con dolo eventual, robo agravado, lesiones y abuso de arma. Estuvo siete años y cinco meses preso en el penal de Marcos Paz hasta que, a raíz del recurso interpuesto por su defensa, avalado por referentes de los DDHH como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó a la Cámara de Casación -que ya había confirmado la condena- que la revisara y emitiera un nuevo fallo.

Para entonces, el caso había tenido una difusión masiva, después del estreno del documental de Enrique Piñeyro, “El Rati Horror Show” (dicho sea de paso, difusión que no alcanzan los miles de casos similares que vemos todos los días, que terminan con fusilamientos de gatillo fácil, muerte en cárceles y comisarías o, como en éste, con la víctima presa y una causa armada). El escándalo público sirvió para que el 6 de junio de 2012, Fernando fuera excarcelado por disposición del Tribunal que cinco años antes lo había sentenciado. Pero la opereta no duró mucho, y el fallo tendría patas cortas: el 12 de agosto siguiente, fue condenado, nuevamente, a 15 años de prisión por robo agravado y triple homicidio, por la Sala III de la Cámara de Casación Penal, con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa.
A pesar de lo que dijo el informe oficial, los disparos habían silbado de un solo lado. Lo cierto es que Fernando fue torturado para que se hiciera cargo de los robos y las muertes, y, a pesar de que era evidente el armado de la causa, fue condenado.

La causa de Fernando puso en evidencia una práctica que vivimos todos los días, que tuvo la ventaja que no tiene la mayoría, que es hacerse visible. Esa práctica, que da luz verde a que cualquiera de nosotros y nosotras puede ser víctima del accionar impune de las fuerzas de “seguridad” que bañan de sangre nuestros barrios.

Las mismas fuerzas que son protegidas por jueces y fiscales, y legitimadas por los medios de comunicación cómplices, que actúan como un tribunal previo al tribunal, hasta que no les quede otra porque dejó de ser necesario y el armado quedó en el olvido, y entonces la absolución. El offside nunca es suficiente, cuando el chivo expiatorio cumplió su función: la investigación y la cadena de responsables terminó en Fernando.

Mientras tanto, pasaron once años desde entonces. Siete y medio estuvo adentro. ¿Y ahora quién se los devuelve?

por correpi.org

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