Paradojas en el acceso a la tierra robada en la “Campaña del Desierto”

Recuperar territorio es una reparación histórica. Lejos de problematizarse, la cobertura mediática de situaciones que ponen de manifiesto la emergencia habitacional en la ciudad, expresa verosímiles sobre los que se asienta el despojo territorial. La construcción del sentido común, también en disputa.

 

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Fotografía: Juanka Leuquen

El disparador

20 familias realizan una ocupación pacífica en la barda del barrio 400 Viviendas, bajando hacia el Frutillar. 20 familias con hijos, despojados del acceso a la tierra, a un espacio digno donde desarrollarse, crear y construir un proyecto de vida. Que declaman con su accionar que las escasas políticas públicas municipales y provinciales, no alcanzan para cubrir las necesidades de familias condenadas a pagar un alquiler. Que incluso resulta imposible acceder y pagarlo, lo que las condena a vivir hacinados en terrenos familiares, o en asentamientos precarios, carentes de todo servicio público que permitan condiciones de vida dignas.

 La construcción simbólica de la usurpación

Si bien la legalidad de la posesión o propiedad de estas tierras en esta toma (Fundación Damas Salesianas) puede documentarse, y acreditarse, lo que entra en cuestión es la legitimidad de la propiedad, es decir el hecho que funda la legalidad sobre la que está asentada la propiedad de los dueños de la tierra.

Ese es el punto nodal de toda la cuestión. La propiedad privada, piedra fundamental del sistema capitalista, construcción de sentido impuesta a sangre y fuego por la conquista española, y que también fue el basamento de la configuración de los Estado Nación modernos. Del mismo modo que la colonización española, la llamada “Campaña del Desierto” cumplió con el objetivo de apropiarse del territorio ancestral mapuche. No con la espada, como afirmó hace pocos días el ministro Bullrich, Sino con los Remington, acompañados también por el evangelio.

Era necesario construir simbólicamente la idea del desierto para justificar la campaña y la apropiación del territorio. Era necesario representar la idea de los pueblos originarios como bárbaros, incivilizados, despojados del sentido de la propiedad privada, para deshumanizarlos, y justificar el exterminio, los campos de concentración, la reducción a la esclavitud de niños y su entrega a familias patricias, las caminatas a que fueron condenados los vencidos, en su destierro hasta la Isla Martín García, en el Río de la Plata. Donde fueron esclavizados, diezmados por una epidemia de viruela, quemados sus cuerpos en masa en hornos crematorios, que hasta el día de hoy son prueba del genocidio.

Este es el pecado capital de la propiedad de la tierra en la Patagonia. Todos somos herederos del despojo, por acción, omisión, o complicidad. Y en este marco paradójico, que configura el sentido común patagónico, familias vulneradas en su derecho de acceso a la tierra, que realizan una acción desesperada como lo es intentar una ocupación pacífica en pleno invierno, son los “usurpadores” que cometen un delito penal. Atentar contra la propiedad privada de un poseedor legal.

Sin embargo no recibe el mismo tratamiento la fraudulenta operación inmobiliaria, con la cual se habilitó la venta de tierras en Lago Escondido el magnate inglés Joe Lewis, amigo del presidente Macri. Maniobras por las que fueron procesados por la Justicia de Río Negro funcionarios de la Dirección de Tierras de la gestión radical del gobernador Saiz.  Justicia que no sólo no se animó a interpelar el dominio de Hidden Lake SA sobre estas tierras, dando lugar a la expropiación que cabería luego del reconocimiento de la fraudulenta operatoria de transferencia de dominio. Sino que siquiera pudo hacer efectivo que el ejecutivo provincial cumpla el fallo del Superior Tribunal de Justicia, sobre la apertura del camino de acceso al lago por Tacuifí.

La modificación en la reglamentación de la Ley de Tierras Rurales

El 30 de junio pasado el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el Decreto 820/2016, que modifica el decreto reglamentario de la Ley 26737, la denominada Ley de Tierras. El argumento, facilitar y propiciar las inversiones extranjeras en el país. Justamente lo opuesto al espíritu de la Ley, que norma sobre el cuidado de la función social de la tierra y la considera como un recurso estratégico no renovable. Por lo que definió que el dominio de la tierra esté mayormente en manos nacionales, y limitó al 15% el dominio de extranjeros.

Con este decreto reglamentario, se flexibilizan ciertos requisitos a cumplir, como el caso del trámite ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, de un certificado de delimitación, para definir si el comprador ya posee más de 1000 has en zonas núcleos, o su equivalencia en las distintas provincias del país. Ahora sólo se tiene que informar la adquisición, sin ningún requisito previo acerca de la información de tierras bajo su dominio. Si el extranjero compra y no se limita a lo que establece la ley, queda en potestad del privado informar si está extralimitado.

No se cambiaron los porcentajes, o sea el 15% de dominio a extranjeros, pero es una forma tramposa de flexibilizar los procedimientos de compra. Un privado puede comprar, y debe informar y reconocer que está extralimitado al Registro de Tierras Rurales. Este organismo entonces lo obliga a vender, pero esas tierras ya son de dominio extranjero. Este las tiene que vender, pero ya tiene un patrimonio, y puede acceder a dominios en el marco de las condiciones de equivalencia de delimitación que define cada provincia.

Se desdibuja la concepción de la tierra como bien social, como un recurso destinado al desarrollo de proyectos de la población. Entre las modificaciones introducidas por el decreto 820/2016, el gobierno desarticuló una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para respetar la norma.  Elimina controles que estaban a cargo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la AFIP.

Se avala también la compra de tierras con espejos de agua. Ya que el procedimiento reglamentado define que un técnico de la provincia donde se realiza la operación de compra, debe realizar un informe en el plazo de 10 días, para evaluar si es correcta la operación. Si en 10 días la provincia no informó, se avala el procedimiento de la operación inmobiliaria. Con la burocracia administrativa entre la nación y las provincias, es ridículo que el plazo para relevar e informar acerca de espejos de agua incluidos en operaciones de este tipo, sea de 10 días. Nuevamente son vericuetos procedimentales los modificados, pero que permiten regularizar operaciones como las que le permitieron comprar territorios con recursos estratégicos no renovables a Douglas Thompkins en los Esteros del Ibera en Corrientes, o a Joe Lewis en el caso de Lago Escondido, en Río Negro.

Otro detalle importante, permite que las sucesiones hereditarias no pasen por el Registro Nacional de Tierras Rurales (RTR), sino que se traspasen los dominios directamente a sus herederos. O sea, se transmite la propiedad extranjera a perpetuidad.

El RTR revela que el 6% de nuestro país está en manos de extranjeros, pero este dato es un promedio, ya que hay departamentos como Ituzaingó, en Corrientes, que cuenta con un 50% de su territorio en manos de extranjeros; o Lacar, en Neuquén con un 53% y Bariloche con un 21%. Es un claro retroceso.

La nueva “Campaña del Desierto”

 En este marco de vulneración en el acceso a la tierra de miles de familias de la región, de construcción simbólica que consolida el relato colonizador, de cosificación del territorio al orden de mercancía y su negación como bien social y comunitario, de extranjerización de nuestros recursos naturales estratégicos no renovables, el discurso del Ministro de Educación Esteban Bullrich en Choele Choel, nada menos.

Bullrich es heredero directo de una de las familias prototípicas de la oligarquía terrateniente argentina, que tiene en su haber el pecado capital de haber sido beneficiarios directos en la distribución de territorios, producto del despojo y genocidio cometido en la denominada Campaña del Desierto.

La referencia no es casual, por eso indigna.  Las declaraciones del Ministro Bullrich pueden haber sido intencionadas o producto de un acto fallido, pero de un modo u otro revelan la matriz filosófica e ideológica de este gobierno. Y configura un hecho penal, como lo es la apología del delito. En este caso de un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado argentino, el genocidio del pueblo mapuche.

Es como si en su discurso hubiera afirmado “este el nuevo Proceso de Reorganización Nacional”, pero no con desapariciones, grupos de tareas, centros clandestinos de detención y tortura. Sino con medios masivos corporativos de comunicación para imponer opinión pública, disciplinamiento social a través del ajuste y el hambre, y criminalización de la pobreza. Eso también es PRO.

 

Por Marcelo Viñuela

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen.

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