Una ley que promete y amenaza.

“No queremos que a Monsanto le vaya mal, ni a Don Ramón, ni a Syngenta, ni a nadie”, declara el Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, que asegura que se llevará al Congreso un proyecto de ley de semillas que reemplazará la vigente, cuestión que se terminará de tratar en agosto y que según afirma, es uno de los temas más urgentes en la agenda del Ministerio desde diciembre del año pasado.

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fotografia Andrea Madero

 

Sin embargo, hace años que está vigente el diálogo en torno a la modificación de la ley 20.247, norma que regula la comercialización de las semillas y las creaciones fitogenéticas, es decir, toda variedad obtenida por creación, descubrimiento y aplicación de conocimientos científicos de mejoramientos de las plantas. Su punto más polémico es sin dudas el que establece el derecho al uso propio, tan venerado por unos y tan detestado por otros. Esto no es más ni menos que el derecho a reutilizar la semilla original de un cultivo propio sin pagar ni registrar tal operación. Este detalle, que aparece como excepción en el Artículo 27 de la ley vigente, es un límite casi transparente, un hilo fino y peligroso en la supervivencia de la agricultura familiar. Por la continuidad del derecho al uso propio rezan comunidades enteras de hombres y mujeres que se dedican a la actividad agrícola desde que nacieron y por herencia de generaciones anteriores.

La agricultura familiar, tal como explica Diego Montón, representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), es el término que utiliza el Banco Mundial para definir a los pequeños productores. Refiere a la agricultura de pequeña escala y la piensa como posible incorporación a la agricultura industrial, es decir, en concepto de desarrollo hacia lo que se podría transformar si incorporara los métodos de la agricultura a grandes escalas.  Sin embargo, esta incorporación es irrealizable: Diego Montón explica que la agricultura familiar, a diferencia de la industrial, no tiene como objetivo el patrón de acumulación en función de la economía capitalista, sino que la meta es auto sustentarse y girar el salario a los trabajadores. Actualmente en ciertos rubros como el de las hortalizas, los pequeños productores ocupan el 60% del mercado.

A la vez que abre camino para el desarrollo de la agricultura familiar, el derecho al uso propio ha desatado el conflicto de la llamada “bolsa blanca” que se refiere al comercio ilegal de semillas que se venden de productor a productor sin el trámite obligatorio en el Registro Nacional de Cultivares. Para su comercialización, estas semillas deberían estar aprobadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), ya sea por identificación, en el caso por ejemplo del centeno o de la avena, o por fiscalización, en el caso de la soja, el maíz, o el trigo. La diferencia entre uno y otro registro está en el rótulo que lleva la semilla obligatoriamente: la identificada lleva un rótulo aplicado por el productor; la semilla fiscalizada tiene que solicitar el rótulo al INASE, pagar por él y someterse al control regular de la institución. El derecho al uso propio es un artículo de dos renglones y una discusión de años que todavía no se resuelve. En tanto a esto, Tamara Perelmuter, politóloga especialista en Propiedad Intelectual, afirma que la disputa no se soluciona porque es entre dos modelos que no pueden convivir en un mismo tiempo y espacio. Según ella, un ejemplo interesante es la nueva Ley de Semillas de Venezuela, que se aprobó el 23 de diciembre del 2015. Esta ley prohíbe la privatización de las semillas, promueve la agricultura comunitaria y los sistemas agroecológicos y biodiversos, revaloriza los conocimientos, las creencias y las prácticas locales, ancestrales y tradicionales, y reorienta la organización de las políticas públicas para lograr la soberanía nacional alimentaria.

¿Resguardo o regalías?

Esta es la pregunta que se presenta ante el Ministro de Agroindustria quien, en el último anuncio, opinó que nadie debe tener primacía sobre otros. En el mismo discurso anunció que en agosto se va a tratar el proyecto de ley con el presidente de la Cámara de Diputados para llevarlo al Congreso lo antes posible. A su vez, adelantó que el proyecto respetará los convenios privados que se hagan y la voluntad del productor de celebrar los convenios privados. En segundo lugar afirmó al INASE como único organismo de control de la legalidad de las semillas. Sin embargo también develó que el INASE va a celebrar convenios con organismos públicos y privados de manera tal de poder hacer controles selectivos para determinar la legalidad de la semilla, es decir, que los controles se harán a través de terceros y no con técnicos pertenecientes a la institución pública. Así, las empresas desarrolladoras que crean tener derechos de propiedad sobre la semilla podrán reclamar como corresponde los derechos en la justicia. Esto último, a diferencia de la última jugada del Ministerio, donde había retrucado a favor de los productores y agravado la tensión con la empresa multinacional Monsanto, cambia el panorama de la relación con los semilleros. Laura Villamayor, responsable de la Secretaría Técnica Permanente de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) asegura no haber participado en la confección de un proyecto de ley durante el 2016, lo cual es sospechoso siendo el organismo capacitado para tomar conocimiento y emitir opinión sobre proyectos de políticas oficiales, leyes, decretos, resoluciones y disposiciones nacionales. La CONASE agrupa miembros del sector público y del sector privado relacionados a la comercialización, producción y utilización de semillas y creaciones fitogenéticas.

De cara a una supuesta modificación de la ley vigente, las opciones orbitan alrededor del recorte o la permanencia del derecho al uso propio y de la ampliación o no de los Derechos de Obtenciones Vegetales (DOV). Los DOV son los derechos que adquiere el obtentor de una variedad vegetal, es decir, aquella persona física o jurídica que la haya descubierto o creado. Este tema podría poner en agenda la posibilidad de adherir al acta de 1991 emitido por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y reemplazar así el acta del 78’ al que Argentina adhirió en 1994. Sin embargo, según Miguel Rapela, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), la idea de adherir al acta del 91’ es irrealizable. El director de ASA asegura que el debate es imposible de plantear en el Congreso, aún para explicar de qué se trata el acta, cosa que pocos saben y que nadie se interesa en entender. En cambio, algo que sí se está considerando es la restructuración del INASE y la constitución de un nuevo Directorio del cual, según él, sería director. Si el Ministro nombrara director del INASE al representante de los intereses de las empresas semilleras, tendría una balanza en importante desequilibrio en cuando a los intereses de los productores que, agrupados en la Mesa de Enlace Agropecuaria, son uno de los pilares fundamentales del conflicto.

En referencia a los derechos del obtentor, Rapela elogia al Sistema de Regalías Extendidas, un acuerdo privado celebrado entre el obtentor de la variedad y el productor que la utiliza para cobrar los derechos de las variedades. El productor paga un arancel determinado por el uso de una genética superior y con cada uso de la variedad se multiplica el arancel. Este Sistema, según su página web, tiene como objetivo sostener en el tiempo la inversión realizada en investigación y desarrollo genético a través de un cobro equitativo y un incremento de la competitividad del productor agropecuario argentino. Miguel Rapela asegura que, si bien lo deseable sería adherir al acta del 91’ de UPOV, este sistema funciona bien.

Las regalías extendidas vienen a ocupar esa butaca libre en el comercio de semillas, donde los obtentores de variedades no dejan pasar la oportunidad de “hacer unos pesos” aunque no sea lo que la ley indique. Los huecos legales dan lugar al capital extranjero a ganar una vez más la jugada. Sin embargo, los espacios sin reglamentar son también los que dan lugar al libre intercambio de semillas entre las comunidades que se dedican a la actividad agrícola en distintos lugares del país con un alcance al mercado local y entre la propia comunidad. El problema del cobro por el derecho al obtentor de las variedades vegetales, según Diego Montón, es que se pueda privatizar una semilla a partir de la incorporación de un gen. Actualmente esos contratos son privados, pero en caso de que se legalizaran como parte de los DOV, una empresa desarrolladora de semillas puede registrar una variedad y luego, en el caso de que ese mismo gen que ellos transforman apareciera en una comunidad campesina, la empresa tiene el derecho de denunciar a ese productor y cobrar por la utilización de una semilla que es privada.

A la espera del nuevo anteproyecto, las agrupaciones van preparando marchas y campañas, los organismos aguardan indicaciones, los semilleros cobran y los productores intentan negociar el mejor precio y calidad de la semilla. María Georgina Gerdé, representante del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en la Comisión Mixta de Biotecnología, que se encarga de elaborar las respuestas oficiales de Argentina en cuestiones de patentes de todo lo que sea modificaciones de la materia viva tanto a nivel nacional como internacional, dice no haber participado de debates sobre una posible ley que reemplace a la vigente, y asegura no haber recibido un anteproyecto en caso de no ser parte del debate. Ella trabaja en el INPI desde 1999 y sostiene que todos los criterios se deciden en alineación con determinadas políticas públicas, por eso los distintos Ministerios y organismos públicos deben actuar de forma concurrente y participar de los debates, en especial frente a la modificación de una ley. Gerdé reafirma la importancia de que la política nacional sea una sola y que vayan “todos para el mismo lado”.

Mientras se discuten las leyes y avanzan los contratos entre privados, los pueblos que desarrollan sus actividades agrícolas en la brecha que abre el derecho al uso propio, aquellos que según Villamayor están “prácticamente fuera del sistema”, aseguran que lo mejor es “trabajar de manera local en la producción de semillas en función de los distintos ecosistemas y acompañarla con un sistema de certificación participativa”. A su vez, agrupaciones de izquierda, susurran con cariño los artículos de la Ley de Semillas venezolana que le grita falta envido a la empresa multinacional más importante en el mercado de semillas. ¿Se puede pensar realmente, como dice Gerdé, en “una sola argentina”?   

                                            Por Lorena Bermejo

                 para  Equipo de Comunicación Popular Al margen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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