Derecho a ser detenido arbitrariamente.

El Superior tribunal de Justicia de Río Negro falló a favor de que la policía pueda detener a niños y adolescentes de forma arbitraria. El fallo va en sintonía con la postura del gobierno y contradice las leyes provinciales, nacionales y la Convención por los Derechos del Niño.

Pueblada Bariloche 2010 x Alejandro Palmas

Los hechos

Ante la seguidilla de detenciones arbitrarias a adolescentes sucedidas en la ciudad de Viedma, la defensora de menores, Patricia Arias, interpuso un Habeas Corpus Preventivo para frenar esta situación. El doctor Jorge Bustamante, de la cámara Criminal de Viedma, dio lugar a este recurso  prohibiendo a la policía de Río Negro continuar con esta práctica habitual en las fuerzas de seguridad.

El Gobierno, entonces, apeló esta sentencia de la Cámara Criminal y a través de la Fiscalía de Estado interpuso un recurso de casación; con lo cual la situación terminó dirimiéndose en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

En esta instancia, el Tribunal Superior  falló contra el Habeas Corpus presentado por la defensora. Falló contra la Cámara Criminal de Viedma. Falló contra la postura de la procuradora Silvia Vaquero Lazcano y de la defensora Rita Custet. Pero principalmente falló contra los pibes de las barriadas, que con este fallo se convierten automáticamente en sospechosos por ser pobres y adolescentes.

 El fallo

“Se destaca que de esta manera, un Juez y una Defensora Oficial, detrás de un escritorio, le quitan a la Policía su facultad esencial que es la prevención, a partir de una decisión de un juez. Si esto ocurriera, la fuerza de seguridad deberá dejar de cumplir el mandato normativo de prevención” argumentó el gobierno a través del escrito presentado por la Fiscalía de Estado.

En otra parte del escrito dicen: “Esto, llevado al plano práctico, significa que en caso de quedar firme este resolutorio, los vecinos viedmenses quedarán a la merced y designios de los menores involucrados en causas penales o correccionales”.

Este argumento es el que primó también en el Superior Tribunal compuesto por Ricardo Apcarián,  Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Enrique Mansilla y Adriana Zaratiegui; esta última no acompañó el voto en mayoría del tribunal.

Este punto de vista  equipara lo preventivo solamente relacionado a lo punitivo. Es decir, que confunde la prevención del delito con la prevención y la promoción de derechos, como así también confunde quiénes son los actores que debieran abordar a los jóvenes en conflicto con la ley penal. Ya que esa tarea le corresponde al órgano de protección integral, que no es otro que el Ministerio de Desarrollo Social.

Esta mirada punitiva y estigmatizante  no es casual ni ingenua y habilita  a las fuerzas de seguridad a detener a adolescentes “preventivamente” por el simple hecho de tener un antecedente judicial, una causa abierta en la justicia, o  simplemente por pertenecer a un sector social determinado al que se lo  asocia con el delito.

 

La sentencia

Este fallo, no es cualquier fallo ni llega en un momento cualquiera. Este fallo representa una regresión en materia de derechos humanos. Este fallo es la punta de un iceberg donde el andamiaje represivo se va dotando cada vez  más de herramientas para perimir el conflicto social que va en aumento producto de la crisis que empieza a generar el nuevo modelo económico impuesto por el Gobierno de Mauricio Macri.

La reciente designación de Mario Altuna como jefe de la policía de Río Negro tampoco es casual. Mario Altuna es un abogado defensor histórico de  policías que cometieron distintos hechos de gatillo fácil.

De esta manera, la  justicia que lleva seis años sin buscar a los responsables  por los crímenes del 17 de junio de 2010 y  que dejó en libertad a los acusados por  el homicidio de Atahualpa Martínez -por solo mencionar dos de los casos que involucran a adolescentes asesinados por  fuerzas de seguridad – hoy nos regala este fallo que criminaliza la pobreza, estigmatiza a  adolescentes con derechos vulnerados y deja librado a criterio de la policía quiénes son punibles de cometer un delito, aunque no prime prueba alguna.

Difícil que así sea justicia.

* Por Alejandro Palmas.

Equipo de comunicación popular Colectivo al Margen.

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