¿Hacia dónde va el Mercado Comunitario municipal?

Defendiendo nuestra soberanía alimentaria. No hay muchos mercados comunitarios municipales en el país con las características de la experiencia que se instituyó en Bariloche. No se generan las condiciones políticas, no se configuran las condiciones objetivas, son muy fuertes las presiones corporativas. Hay un marcado proceso de concentración de la producción y la comercialización de alimentos.  El 80% de la producción de la alimentos que se consumen, lo resuelven 30 empresas, y el 70% de lo que se comercializa solo lo resuelven 5 compañías.

Hay en el país aproximadamente 130.000 productores agricultores familiares, y sin embargo 30 empresas producen el 80% de lo que se consume. Esto ha sido en gran parte gracias al rol del Estado que ha facilitado y permitido este proceso, no ha sido neutro, tanto en dictadura como en democracia, más allá de diferentes gestiones. Durante los 12 años de gestión kirchnerista, las corporaciones multinacionales lograron con su poder de lobby la expansión de la frontera agrícola para el cultivo predominantemente de soja transgénica, proyecto que se plasmó en el Plan Estratégico Agroalimentario 2020, y que generó la expulsión de miles de familias campesinas de sus tierras. Hace 40 años este esquema era al revés, los productores familiares abastecían el grueso del consumo de alimentos. Hoy estos 130.000 agricultores familiares producen para abastecer entre 20% de lo que se consume, y esto es gracias a este proceso de concentración.

Estos actores corporativos preservan sus intereses, presionan para que no se reproduzcan y crezcan este tipo de experiencias redistributivas. Por eso el rol del Estado debe ser recuperar, fortalecer, cuidar las organizaciones de agricultores familiares, empoderar sus procesos organizativos, involucrarlos en la cogestión de políticas como el Mercado Comunitario de Bariloche, que permite trabajar en función de generar para los productores en el campo las condiciones para producir de manera autosustentable, de manera planificada, a escalas, posibilitar su continuidad en el campo.

Las organizaciones de productores campesinas están muy debilitadas por este proceso de concentración: han quedado minimizadas en su base económica, debilitadas en su estructura organizativa y en su estructura productiva.

El mercado es posible porque ancla en una necesidad. Comer sano para los consumidores, a un precio justo para los productores. Y en este contexto devaluatorio e inflacionario,  acceder a producción sin agrotóxicos a precios accesibles para los sectores populares. Por eso el rol del Estado es trabajar en esta producción y en el acceso al consumo a través de estas redes de comercialización, rasgo característico de la política organizativa del Mercado.

 

De Secretaría de Desarrollo Económico a Subsecretaría de Desarrollo Local. El contexto local.

El cambio de rango de secretarías a subsecretarías, como el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura, y también la eliminación de la Dirección de Equidad de Género, se enmarca en la política de la nueva gestión del ejecutivo municipal de achicar la estructura del Estado local, reducir partidas presupuestarias a ejecutar por secretaría, aminorar lo que se denomina “gasto público”.

En el mismo sentido, la sanción de la ordenanza que estableció la emergencia económica en la ciudad. Algunas de la facultades que brinda al ejecutivo esta “emergencia”: reafectar partidas del presupuesto anual del municipio; adjudicar obras o servicios sin concurso o licitación previa; relevar y auditar el organigrama de los trabajadores de planta de toda la estructura municipal, con objetivo, de ser necesario, de reestructurar el mismo, y por qué no, dar de baja contratos que se renuevan anualmente.

Cabe destacar que Bariloche estuvo en emergencia económica cuando en Junio de 2011, hizo erupción el volcán Caulle Puyehue, la ciudad quedó cubierta de arena y ceniza volcánica, y se afectó notablemente la actividad de la temporada invernal, reduciendo a una mínima expresión la afluencia de turismo. Cuesta aceptar la idea de la emergencia económica en la ciudad, si se recuerda y analiza las plazas ocupadas en las temporadas altas de los tres últimos años, tanto en los períodos invernales como estivales. Quizás este verano 2016 haya marcado un cambio de tendencia, teniendo en cuenta la devaluación e inflación promovidas por las políticas macroeconómicas de la gestión del gobierno nacional desde su asunción, afectando rotundamente la capacidad adquisitiva del salario real, como la capacidad de consumo del turismo interno. Aun así, es muy discutible el diagnóstico que ameritó la sanción de la emergencia económica.

Dos indicadores son evidentes en el análisis de la emergencia declarada. Todos los recursos económicos que representan las tasas diferenciales de ganancias obtenidas por los empresarios turísticos, no fueron ni reinvertidas ni tributadas como impuestos en la ciudad. El Estado, en sus diferentes niveles, financió REPROS, obras de infraestructura como por ej. la repavimentación de la ruta Bustillo, las rotondas de circunvalación al Cerro Catedral, ahora la remodelación innecesaria de calle Mitre (o al menos no prioritaria, si se tiene en cuenta que la gran mayoría de las viviendas de las familias del Alto carece de servicios básicos, como red cloacal o instalación de gas de red). Sin embargo los niveles de evasión fiscal y de subdeclaración son elevados. En el caso de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH), la evasión supera los $20.000.000.

Indicador n°1. Quienes más evaden el pago de los impuestos municipales son quienes más facturan y poseen propiedades que inmovilizan y fijan valores millonarios. Los más subsidiados con recursos del Estado, para mejorar su rentabilidad, son los empresarios que se aglutinan en la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de la ciudad. Si hay emergencia, no es por los salarios de los trabajadores o políticas públicas redistributivas.

Indicador n°2. Durante el tratamiento en comisiones en 2015, sobre el aumento de la TISH, el bloque del FPV pugnó por un aumento del 30% en el valor de las tasas, sin embargo el bloque de PUEBLO, partido del actual intendente, sólo accedió a votar un aumento en las mismas del orden del 14%. Si la situación de emergencia económica se debe al déficit estructural de las cuentas municipales, si el 90% del presupuesto está destinado a cubrir la masa salarial de los trabajadores municipales, si esta situación deficitaria es crónica, ¿por qué no se decidió acompañar la propuesta de elevar el valor de la TISH por sobre el 30% de manera escalonada según valores de los inmuebles declarados? Ya en la nueva gestión, en el marco de la emergencia económica, se sancionó la ordenanza fijando un aumento de hasta incluso un 74% en las propiedades de mayor valor inmobiliario.  Es decir que la voluntad política para definir un aumento considerable, estaba consensuada en el plan de acciones del actual oficialismo.

Ergo, una conducta partidaria netamente electoralista, tendiente a mejorar su imagen en los sectores medios y altos. Y en marco de la sancionada “emergencia económica”, una política de decidida presión tributaria ni bien asumida la gestión, destinada a aumentar la recaudación, acompañada de una política de reestructuración del organigrama del Estado, destinada a reducir el “gasto público”.  Considerar a una política pública de abastecimiento comunitario como “deficiente”, o desde la perspectiva del gasto improductivo, habla del marco político ideológico desde el cual se está analizando la praxis social.

La situación y tensión que acontece con la experiencia interinstitucional y organizacional que caracteriza al Mercado Comunitario municipal se da en este contexto económico, político, sociocultural, tanto en el orden nacional, regional, local. El retraimiento y achique del Estado nacional; una devaluación del 40% con tasas inflacionarias del orden del 6% mensual desde el triunfo de Cambiemos en la segunda vuelta presidencial; la ausencia preocupante de una política provincial de desarrollo y fortalecimiento de los agricultores familiares como de abastecimiento de alimentos (con el ej. paradigmático de los productores de Fernández Oro tirando toneladas de peras a la ruta por no poder vender su producción); una gestión local cuyo objetivo es achicar estructura del Estado, mejorar la recaudación, garantizar gobernabilidad acercando posiciones con los actores de poder fáctico de la ciudad, prescindiendo de una buena relación con el SOYEM.

La decisión del despido y no renovación del contrato de Patricia “Pulmy” Mendoza (ver entrevista), se da en este escenario. Caso testigo de la decisión política de disciplinamiento de trabajadorxs que plantean disidencias con la nueva línea política, en este caso del desarrollo y continuidad de una política pública redistributiva, como lo es el Mercado Comunitario.

Red de nodos.  Organizar y crear un nuevo consumo.

El proceso organizativo que caracterizó la conformación de la red de nodos de comercialización barrial, tiene anclaje en dos experiencias previas de organización comunitaria. Por un lado, los nodos de compras comunitarias promovidos y acompañados desde el año 2010 por la entonces Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural de la Nación, experiencia en la que se realizaron sucesivas compras comunitarias a productores de la COOPOP, ubicados en la zona del Valle del Idevi, en la zona rural cercana a Viedma. Las compras se organizaban por pedidos quincenales, y los productos se trasladan utilizando el ferrocarril. Esta experiencia duró casi un año, y los consumidores formaban parte de organizaciones barriales. La experiencia fue exitosa, se realizaron numerosas compras, pero se truncó al discontinuarse el servicio ferroviario, ya que era la única forma de abaratar el gasto del flete de las mercaderías.

Sin embargo dejó huellas, fundamentalmente en los barrios del Alto. Participan de esta iniciativa varias organizaciones, tales como el banquito de la Buena Fe del barrio 2 de Abril, las comunidades eclesiales de base nucleados en la Pquia. San Cayetano, el Colectivo Al Margen, la cooperativa Zuem Mapuche, la asociación Piuké, una cooperativa de trabajadores del Centro Atómico. Del mismo modo, se mantienen activos vínculos con las organizaciones de productores, fundamentalmente con la Asociación de Horticultores de Valle Medio y con la COOPOP, que fueron en primera instancia los proveedores de las compras del Mercado.

  • En el caso del municipio de Bariloche, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, se implementan los proyectos de “Despensa Comunitaria” y “Compras Comunitarias” que surgen como estrategias  promocionales desde el Eje “Fortalecimiento de Organizaciones para la Participación”. Las Despensas Comunitarias funcionan desde 2007; mientras que los grupos de Compras Comunitarias  desde 2009, organizadas fundamentalmente en torno al trabajo territorial de los CAAT´s. Las Despensas comunitarias surgen a partir de un acuerdo entre las familias beneficiarias del programa Seguridad Alimentaria, quienes en lugar de cobrar un subsidio económico en forma individual,  generan un fondo común. A partir del cual, en  reuniones colectivas mensuales se planifica la compra de alimentos y se define responsables, quienes tendrán a cargo el desarrollo de las actividades necesarias para el funcionamiento de la Despensa: búsqueda de precios, compra de productos, fraccionamiento de los mismos, atención al público y venta, administración de los recursos financieros, control de stock, entre otras.
  • Los grupos de Compras Comunitarias surgen a partir de un grupo de personas que sienten la necesidad de unirse  para acceder a la compra de alimentos a menor costo. Estos grupos se organizan periódicamente para realizar eventos, y con los fondos recaudados realizan una compra mensual de alimentos. En estos espacios de reunión también el grupo planifica qué alimentos comprar, división de tareas para salir a buscar precios, realizar las compras y luego distribuirlas.        Dichos proyectos constituyen una estrategia en la cual la población se involucra en la resolución de sus problemáticas, desde un rol participativo,  y a la vez que se logre la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos estatales, por medio de su co-administración (entre la población y el Estado).

Estas experiencias de organización comunitaria, que tienen como objeto el abastecimiento público de alimentos, son el germen sobre el que tiene anclaje la configuración de la red de abastecimiento territorial del Mercado Comunitario. Promueven el empoderamiento de la ciudadanía, sumando valor público al ejercicio del cumplimiento del derecho a un alimentación saludable, al generar participación popular y promover la construcción de redes en la organización de los nodos de consumo barriales.  Participaron de esta red las despensas comunitarias Vipu, Sushay, Las Leonas y Abriendo Esperanzas, el Mercado Popular Cooperativo El Charcao, la cooperativa COOPATE, el nodo de la junta Vecinal de Villa Llanquihue, el nodo de la Junta Vecinal de Villa Los Coihues, el Espacio de Juego Cu-Cu, la cooperativa Pionera Patagónica, y nuevos grupos barriales que están llevando adelante procesos organizativos entre vecinos.

Son más de 500 familias que organizan su consumo, protagonizando una política pública de abastecimiento de alimentos. Esto es sumar valor público.  Acceso a una alimentación más saludable, en articulación con organizaciones de productores de la región, promoviendo la disponibilidad de productos estacionales, con intervención logística y organizativa del Estado municipal en la provisión de los mismos a precios justos. Por eso es nodal la presencia activa del Estado. La disponibilidad de alimentos (ya que la producción urbana y periurbana como la regional estacional no alcanza a satisfacer la demanda), y la capacidad de sustentación de esta política, es lo que debe garantizar y legislar el Estado municipal. La accesibilidad a este derecho.

La injerencia de la Cámara de Comercio en la redefinición de esta política representa el paradigma opuesto a esta categoría de valor público, al que podríamos definir como interés corporativo, en función de la apropiación privada del servicio de provisión y comercialización de alimentos. Mucho se podría argumentar y debatir sobre este eje, que sin dudas concebimos como un servicio público que no puede ser desatendido por el Estado, librando en toda su dimensión a las leyes del mercado, de libre fluctuación de la oferta y demanda.

Proyecto de ordenanza Ente autárquico de Abastecimiento Público. El modelo de cogestión.

El proyecto del MCM es una política pública que requiere de un desarrollo, un tiempo de maduración que no aconteció todavía, que no ha permitido afianzar la planificación de producción a escalas, en función también de las variables estacionales, climáticas, siempre con el objetivo de comprar a productores de la agricultura familiar. No puede evaluarse como deficiente o deficitaria una política que articula organizaciones de productores en situaciones de procesos organizativos tan fragmentados y debilitados como las que atraviesan los agricultores familiares.

Es una política de adecuación y accesibilidad, adecuación a las particularidades geográficas, estacionales, atendiendo a las situaciones de las organizaciones de productores. Por eso requiere de la articulación con los gobiernos provincial y nacional. Por eso es fundamental que esta política pública trascienda los cambios de gestiones gubernamentales. Por eso es nodal la participación de las organizaciones de base de los productores como de las organizaciones de consumidores en espacios como el Consejo Asesor, propuesto en el proyecto de ordenanza del Ente Autárquico de Abastecimiento Público (EAAP).

Se trabajó mucho en la discusión y diseño del anteproyecto de la misma, con participación de productores, consumidores, concejales, funcionarios. En este proyecto, se plantea la figura de un Consejo Asesor que incluye trabajadores del Estado, organizaciones de productores y organizaciones de consumidores, y un directorio que garantice el modelo organizativo de cogestión. Este proyecto de ordenanza se presentó en Junio de 2015, para su tratamiento en comisiones, pero no se generaron condiciones para su tratamiento y aprobación en cesión. En este punto cabe la reflexión, ¿por qué no se logró priorizar el trabajo en comisiones para su tratamiento en recinto y lograr la sanción como ordenanza, cuando las condiciones políticas eran favorables? No se priorizó políticamente, y ahora -en contexto de reflujo- se presentó nuevamente el proyecto para tratamiento en comisiones, en esta nueva coyuntura.

El contexto actual es de una inminente definición política. La cooperativa de vivienda y consumo Pionera Patagónica Ltda. es una de las organizaciones que funciona como nodo de comercialización de productos. La Pionera firmó convenio con la anterior Secretaria de Desarrollo Económico, para realizar la gestión administrativa, impositivo contable del Mercado Comunitario. Para ello tramitó en AFIP un Controlador Fiscal (CF), a través del cual se factura y regulariza toda la operatoria de ventas que se realiza. Este convenio fue asumido con total responsabilidad y trabajo militante por lxs compañerxs de la Pionera. Al asumir La Pionera la cogestión jurídico administrativa, había un modelo muy precario, con serias dificultades para auditar compras, ventas, pagos a proveedores, deudas. Y esto se logró mejorar. Los controles de stocks, el análisis y la planificación de compras de producción, la adquisición de bienes de capital proyectados, se redujo el nivel de producción sobrante.

Este escenario de cogestión jurídica fue asumido como un esquema de transición, hasta que se lograra la sanción de la ordenanza de EAAP. E incluso muchas veces limitó la capacidad de gestión y compra de stocks de producción, ya que el capital de giro que disponía la cooperativa era también limitado, en virtud de su capacidad crediticia y envergadura financiera. La herramienta jurídica de la cooperativa fue puesta a disposición, pero si no se encuentra una propuesta estratégica superadora, asumida esta responsabilidad desde el Estado, encuentra un techo. El Controlador Fiscal fue tramitado a expensas de la hipoteca de la tierra que está comprando la cooperativa. Y La Pionera no puede sostener más este riesgo,  corre peligro la organización. Este esquema de transición tiene que encontrar una salida que asuma el Estado. Incluso con los asociados de La Pionera que hoy son trabajadores del Mercado. Cogestión no implica que se licuen o desdibujen las responsabilidades de los funcionarios que representan las instituciones del Estado.

El CF de la Pionera Patagónica caduca el 31 de Marzo. Pero esto no implica un escenario de crisis, sino que plantea una definición de continuidad acerca de la gestión administrativa, jurídica, impositiva del Mercado Comunitario. El horizonte, la creación del ente Autárquico de Abastecimiento Público, y la continuidad del modelo de cogestión a través del Consejo Asesor con representación de trabajadores, organizaciones de productores, organizaciones de consumidores, y un Directorio.

Algunas consideraciones finales

El despido de “Pulmy” Mendoza es acompañado del ofrecimiento de ese puesto laboral a una de las referentes de la cooperativa Coopate, uno de los nodos de consumo organizado que configuran la política de distribución y comercialización del Mercado. Hecho que puede leerse como un intento de fragmentar el espacio de construcción orgánica de las organizaciones de consumo. Y de cooptación de cuadros técnicos formados. Fragmentación y cooptación.

José Luis Zubizarreta, Subsecretario de Desarrollo Local, convocó a reunión con esta cooperativa, pero a la misma concurrieron muchas organizaciones interpeladas por la continuidad del MCM. En esta reunión tuvo que confirmar el reemplazo, lo que generó mucho malestar. A solicitud de una definición acerca de cuál es la política de la nueva gestión para el Mercado, y la inminente caducidad el día 31 de Marzo del Controlador Fiscal que gestiona la Pionera Patagónica, convocó a una próxima reunión el día 17 de Febrero. A la misma, avisó que no concurría 45´antes, en virtud del bloque orgánico de estas organizaciones.

Una falta de respeto, un papelón del que evita pagar el costo político debido al blindaje mediático sobre la situación, acorde a lo que está sucediendo en el ámbito nacional con las políticas de ajuste a los sectores populares.  No hay respuestas del interlocutor que planteó Gennuso como voz del municipio en esta temática. Se logra perforar esta estrategia de desinformación, pero hace falta llegar a más, porque está siendo neutralizada esta información por el verosímil representado en los medios masivos de comunicación, tanto para la ciudadanía barilochense, como  para los productores en el campo.

El bloque del FPV presentó en conferencia de prensa el proyecto de ordenanza del EAAP para ser trabajado en comisiones. Se esperan novedades para la próxima edición.

 

Emilio Ricardo Marileo/Mercado Cooperativo Charcao: “Queremos que siga presente el rol del Estado, más en este contexto de ajuste a los trabajadores. Y es mucho más que la renovación del contrato de la compañera. Es mentira que el Mercado no tiene impacto, tiene mucho impacto no sólo en Bariloche, sino en la zona rural de la región”

Productores como proveedores del MCM:Productores de Corralito, Cuesta del Ternero, de El Manso, Villa Llanquín, sociación de Horticultores de Choele-Choel, Asociación de Horticultores de Allen Co.Fe (Federación de Cooperativas Federadas) Organizaciones de productores de Mendoza, como la Unión de Trabajadores Sin Tierra, de Jocolí.

 

por Marcelo Viñuela – Equipo de comunicacion Popular Colectivo AL Margen

 

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