En la calle, codo a codo

Vendedores ambulantes y feriantes.

Para el capitalismo, los trabajadores organizados son un problema. Los trabajadores de la vía pública, otro. Salvo escasas excepciones, los Estados no protegen la venta ambulante ni el espacio para ferias libres, sino que los prohíben. Para luchar contra esta estigmatización y persecución, los laburantes del sector se organizan, forman agrupaciones de diversa índole –sindicatos, cooperativas, federaciones, etcétera– para reclamar por su legítimo derecho al trabajo.

A diferencia de cualquier trabajo en el que existe la representación sindical –otro día hablamos de cómo las burocracias traicionan ese mandato– los vendedores ambulantes y los mal llamados “trabajadores informales” no gozan de ese derecho, entre otros tantos que ven vulnerados. Por eso mismo, los mecanismos para la organización suelen ser más arduos, sobre todo en un sistema que promueve el individualismo. Sin embargo, la organización colectiva resulta necesaria –por no decir imprescindible– para defender las fuentes de trabajo.

Aunque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza un cúmulo de derechos laborales –condiciones dignas, retribución justa, descanso y vacaciones pagadas, entre otros–, en nuestro país el 35% de la población económicamente activa aún trabaja de manera “informal”, eufemismo que esconde condiciones precarias y que propicia la exclusión.

En la Ciudad de Buenos Aires, los feriantes, manteros y vendedores ambulantes padecen una cotidiana persecución del Gobierno porteño, que les exige una autorización, pese a que entrega escasos cupos de un “permiso precario”, de un año de duración. Este permiso autoriza a realizar la actividad en zonas delimitadas, que no dan abasto. Así, en la Ciudad, el trabajo de artesanos y feriantes no es considerado un trabajo y, mucho menos, fomentado. Por tal motivo existen diferentes organizaciones y cooperativas, que los nuclean. Colectivamente intentan, así, defender su trabajo y su labor.

En octubre de 2008, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, creó por decreto la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) con el objetivo de “recuperar los espacios públicos”. Hasta ser absorbida en los hechos por la Policía Metropolitana, la UCEP era una fuerza de choque que desarrollaba su actividad entre las 23 y las 6 de la madrugada y su método no incluía el diálogo: vendedores ambulantes y personas en situación de calle eran sus blancos preferidos, y sus pertenencias arrojadas en un camión compactador. Fruto de este accionar, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, está procesado en la causa que investiga el accionar de la UCEP.

Frente al hostigamiento, en 2009 surgió la agrupación “Vendedores Libres”, que nuclea a manteros, artesanos, revendedores y trabajadores de la vía pública, y busca su sindicalización. “La única herramienta legal que tienen los trabajadores en su conjunto es sindicalizarse”, sostiene Julio Pereyra, referente de la organización. “Todos los días vamos a trabajar, pensando cómo enfrentar la posibilidad de perder nuestras cosas y nuestra libertad”, agrega.

“Vendedores Libres” se formó por iniciativa de los manteros de la calle Florida, una de las peatonales del centro porteño y epicentro de varios conflictos entre los vendedores y el Gobierno porteño. En enero de 2013, un mega operativo policial los reprimió y logró desalojarlos. Dispersados por distintos puntos de la Ciudad, sus integrantes siguen resistiendo: “Tratamos de organizarnos sindicalmente para poder parar las represiones y la estafa de quienes quieren obligarnos a pagar para trabajar”, afirma Pereyra.

La persecución policial tiene otra pata: la judicialización. La cooperativa “El Adoquín”, que agrupa a los vendedores ambulantes de San Telmo, tiene 52 denuncias en su contra, acusada de “organización mafiosa”. Casi todas las organizaciones enfrentan causas judiciales por asociación ilícita o venta ilegal en la vía pública: las estrategias del Estado para controlarlas.

Existe un proyecto de ley del legislador Alejandro Bodart, cuyo propósito es regular la venta en la vía pública: “La crisis económica, que se agrava, empuja a una cantidad creciente de personas a buscar el sustento básico de sus familias en la venta callejera. Es urgente, entonces, buscar una solución legislativa y no represiva a efectos de regularización la situación”, argumenta el proyecto.

Además, afirma: “El presente proyecto pretende dotar a los feriantes que ejercen la actividad comercial de la reventa en el espacio público de una herramienta normativa que, ante todo, les garantice poder desempeñar su trabajo en condiciones de legalidad y organizándose de modo autogestivo mediante Cuerpos de Delegados. La existencia de esta figura fortalecerá la autoorganización de los trabajadores”.

Es cierto que una legislación que ponga límite a los abusos del Estado puede ser útil para los trabajadores, pero ninguna ley será más beneficiosa en términos de clase, que su propia organización. En ese sentido, es necesario mencionar el trabajo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una organización gremial independiente de todos los partidos políticos y representativa de los trabajadores de la economía popular. La Ctep incluye no sólo a artesanos, vendedores ambulantes y feriantes, sino a cartoneros, campesinos, trabajadores de programas sociales, motoqueros, cooperativistas, microemprendedores y obreros de empresas recuperadas. Así, nuclea los procesos económicos que están inmersos en la cultura popular, y el trabajo desprotegido. Y se constituye en un espacio de organización y lucha de los derechos vulnerados.

Porque si para el capitalismo los trabajadores organizados son un problema; para éstos, la organización es su principio de solución.

Por Luis Zarranz, Vivian Palmbaum y Francisco Farina

 

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