El desafío de construir soberanía alimentaria.

La sanción de la Ley provincial de Agricultura Familiar fue un hecho trascendental de 2014 para los productores de nuestra región. A fines de Diciembre, la sanción del Congreso Nacional de una ley federal homónima reposicionó en la agenda pública las necesidades e intereses del sector. Sin embargo, los camaleónicos pasos del gobierno rionegrino no priorizan su reglamentación ni su legislada imputación presupuestaria.

 

El 28 de Marzo de 2014 la Legislatura de la provincia de Río Negro sanciono la Ley 4952, denominada Ley de Agricultura Familiar. Entre sus elementos nodales, la misma define al desarrollo y fortalecimiento del sector, como de interés público, ya que lo reconoce como un actor central en la producción de alimentos que abastecen la mesa de las familias de la región.

De este modo, la ley contempla el acceso al agua y a la tierra como derechos humanos; el derecho a la innovación tecnológica y capacitación; la creación de un Banco de Tierras y un programa de regularización dominial de los territorios; la constitución de un Concejo Provincial de Agricultura Familiar integrado por organizaciones y técnicos de organismos del Estado nacional y provincial; entre otras demandas y necesidades diagnosticadas durante años en sucesivas mesas de trabajo. Se establece además, el mecanismo por el cual se deben recaudar los fondos necesarios para llevar a cabo todas estas políticas, a partir de la aplicación de una tasa a los productos alimenticios que ingresan al territorio de la provincia y  otros recursos que se designen a tal fin para constituir un fondo inicial de 40 millones de pesos para el primer año de vigencia, es decir para el 2015 que se inicia.

Sin embargo, luego de transcurrido casi un año de la sanción de la norma mencionada, la misma no fue reglamentada aún, ni puesto en funcionamiento el mencionado Concejo  Provincial de Agricultura Familiar. Menos aún fue asignada la imputación presupuestaria inicial comprometida por el Ejecutivo, a través del establecimiento de un régimen impositivo específico, con un gravamen a diferentes productos que ingresen a la provincia y no hayan sido producidos en este suelo.

Quizás la falta de voluntad política del gobernador, su cambio de signo partidario y pase al Frente Renovador, sus compromisos con las corporaciones frutícolas con las que tiene vínculos desde sus gestiones en la intendencia de Cipoletti. Quizás también la estrategia electoral para intentar su reelección, de hacer cargo al gobierno nacional de todas las falencias, desatenciones al sector, y no reconocer la carencia en la implementación de políticas públicas de su gobierno a quienes representan el 60% de las unidades productoras de alimentos de la provincia.

Quizás también su desinterés en el desarrollo de los agricultores familiares en el marco del proceso creciente de desertificación de la Región Sur, que menosprecia la potencialidad de la diversificación y reconversión del modelo ganadero ovino, como pone de manifiesto el ejemplo del programa de repoblamiento con chivas criollas, que tuvo como objeto la recuperación y el fortalecimiento productivo de las familias campesinas afectadas por la ceniza. El impacto de posibles explotaciones megamineras a cielo abierto seguramente tendría menos resistencia si la migración de población campesina a las urbes más próximas se mantiene creciente.

Quizás algunos de estos factores tendrá mayor incidencia en la no reglamentación de la ley. Quizás su sumatoria. Lo cierto es que la falta de convocatoria al Concejo Provincial de la Agricultura Familiar y la imposibilidad de contar con un ámbito para propiciar la reglamentación de la ley, expresa la falta de voluntad política para materializar la letra de la misma. Sin recursos no hay políticas, y la retórica legislativa progresista, termina en letra muerta. La ausencia de implementación de las normas necesarias para recaudar los fondos que fija la ley, son claras muestras de haber reducido una normativa trascendente a retórica demagógica.

A principios de Enero, numerosas organizaciones del sector emitieron un documento, exigiendo al Ejecutivo provincial, fundamentalmente 3 puntos:

–         Convocatoria Urgente al Concejo Provincial de la Agricultura Familiar;

–         Reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar;

–         Asignación Presupuestaria y puesta en marcha de los mecanismos de recaudación para lograr un fondo inicial de 40 millones para el 2015.

En nuestra región, el sector de los agricultores familiares se identifica integrado por pequeños productores horticultores, crianceros ovinos, caprinos, porcinos, apicultores, ladrilleros, artesanos y feriantes, pescadores artesanales, comunidades de pueblos originarios, entre otros. Ellos son los responsables de proveer, con su trabajo cotidiano, sacrificado y silencioso, los alimentos que llevamos a nuestras mesas, construyendo la posibilidad de producir en la región parte de lo que consumimos. Merecen el respeto y atención para su desarrollo, como el que también requiere para la salud del pueblo consumir productos sanos, libres de agrotóxicos y modificaciones genéticas patentadas por corporaciones multinacionales, ejes centrales de nuestra soberanía alimentaria. Merecen actitudes que honren su trabajo, no mezquindades políticas oportunistas, propias de traidores y miserables.

 Por Marcelo Viñuela

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